El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, dijo en el Parlamento que la actual administración respalda un proyecto de ley que viene de la legislatura pasada y establece modificaciones en los controles a las empresas que producen e importan bebidas alcohólicas. La fiscalización pasará de ANCAP al Latu y habrá un aumento de las multas por infracciones a la normativa.
“A priori tenemos que decirles que coincidimos con el proyecto de ley; no tenemos objeciones generales al respecto”, dijo la semana pasada el jerarca al comparecer ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado.
Allí explicó que la iniciativa a estudio modifica la normativa vigente, transfiriendo “el control y las sanciones previstas en la ley que tenía ANCAP al MIEM”. Esas atribuciones se otorgan al Latu y “se determina que este preste el servicio de contralor y fiscalización de los alcoholes”.
Además, Verri indicó que el registro que llevará el Latu será únicamente de fabricantes e importadores de alcoholes y bebidas alcohólicas —antes alcanzaba también a comerciantes, depositarios y consignatarios de estos productos—, quienes deberán “declarar sus productos en dicho registro en los términos y condiciones que determine la reglamentación”, que el Poder Ejecutivo dictará posteriormente a la aprobación de la ley.
También explicó que habrá cambios en “la forma, pero no la esencia” del rotulado de estas bebidas: “Se establece la obligatoriedad de poner en la misma etiqueta o en una diferente el número de registro” otorgado por el Latu.
Sanciones por mayor monto
El subsecretario informó que el proyecto fija sanciones “mucho más estrictas” en los casos en que se compruebe alguna infracción a la normativa. Hasta ahora la multa es tres veces el valor ficto que se toma para la liquidación del Imesi (Impuesto Específico Interno, que pagan las bebidas alcohólicas) por litro o fracción del producto en infracción. Ahora se plantea elevar la sanción a cinco veces ese ficto.
La misma multa se plantea para los importadores “que comercialicen bebidas destiladas que difieran en más de una unidad respecto a la graduación alcohólica” que corresponda y especifique el Latu.
En resumen, Verri dijo que las sanciones más estrictas son para “quienes manipulen, alteren o adulteren bebidas alcohólicas destiladas”, que tendrán una multa de diez veces el valor ficto del producto —esto también aplica para cualquiera que comercialice alcohol—, que además deberá destruirse. El jerarca señaló que es “acertado” subir las multas en estos casos porque es “una infracción muy grave”.
Todas estas disposiciones, según aclara el texto a estudio del Parlamento, entrarían en vigencia 180 días después de que la ley sea publicada.
Por otra parte, Verri informó que hay un artículo que faculta a ANCAP a “conceder beneficios de retiro incentivado” a los funcionarios de los laboratorios que hasta ahora efectuaban las tareas que pasarán al Latu. Aclaró que este aspecto deberá ser consultado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero que los funcionarios en cuestión son “pocos” y “no necesariamente” pasarían a retiro, sino que se busca que ANCAP los puede redistribuir en otras tareas.
La presidenta de la Comisión del Senado, la frenteamplista Liliam Kechichian, dijo que el objetivo del proyecto es “actualizar una ley del 1976 que estaba desactualizada para las necesidades y las realidades que hoy tiene la comercialización de los alcoholes”. Si bien resta que se consulte al MEF por el apartado sobre los funcionarios de ANCAP, se prevé que están los votos para que el texto se transforme en ley.