El Decreto 208/020 del Poder Ejecutivo, que reglamenta la ley de cooperativas (18.407), establece en su artículo 7 que las asambleas de las cooperativas “deberán ser grabadas a efectos de un adecuado contralor por la Auditoría Interna de la Nación, que podrá participar en forma presencial o virtual” en las sesiones. Este punto generó preocupación en el ámbito cooperativista, por lo cual el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) aclaró el viernes en un comunicado que la resolución “no incluye legalmente a las cooperativas sociales y de vivienda”, aunque esto no está explicitado en el documento, y mañana la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) analizará el tema.
El diputado frenteamplista Felipe Carballo reaccionó rápidamente al conocer el decreto, que compartió en su cuenta de Twitter acompañado del comentario: “Ni en la dictadura se animaron a tanto”. En diálogo con la diaria, Carballo reafirmó su preocupación por la resolución, y señaló que lo planteará formalmente en la reunión de bancada del FA de este martes, con la aspiración de “fijar una postura en relación al tema” y de “avanzar sobre la solicitud de ampliación de información por parte de cada uno de los ministros que firmaron este decreto”. En ese sentido, indicó que también se evaluará convocar a algunos de los jerarcas competentes “para que clarifiquen la extensión que tiene este decreto”.
Carballo sostuvo que, independientemente de la aclaración del Inacoop, el artículo 7 “habla de todas las cooperativas y no se hace una distinción”, por lo cual la redacción actual “plantea la grabación de las asambleas de todas las cooperativas”. A su entender, esta innovación “lesiona todo lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, [porque] es muy difícil que uno pueda hacer algunas consideraciones cuando sabe que, en definitiva, lo están grabando, y que esa información puede llegar a manos del gobierno”.
Por su parte, el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, se manifestó satisfecho con la respuesta de Inacoop, y destacó la “conquista” de la federación: “Si nos hubiéramos callado la boca pasaba totalmente desapercibido”. “Inacoop nos mandó una comunicación en la que establece que las cooperativas de vivienda y las cooperativas sociales están por fuera absolutamente de este contralor. Fue un error flagrante que quedó solucionado, aparentemente”, afirmó. “Ahora con esto damos por descontado que nosotros seguimos con los contralores normales del Ministerio [de Vivienda]”, añadió.
“Interpretación incorrecta”
“Cuando salió el decreto hubo una interpretación incorrecta por parte de algunas personas, que hizo que Inacoop tenga que salir a aclarar esto”, dijo a la diaria la secretaria de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Alicia Maneiro, que ratificó lo dicho por Inacoop: “Ni las cooperativas de vivienda ni las sociales son controladas por la Auditoría Interna, sino que tienen sus propios controles particulares, que son el Ministerio de Vivienda y el Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”.
Maneiro aseguró que el decreto no determina la grabación de las asambleas presenciales, pero consideró que “en la virtualidad se necesita tener garantías sobre lo que se discute”. En ese sentido, señaló que “las asambleas presenciales siguen vigentes” y que “se pueden hacer, evidentemente, con los recaudos sanitarios vigentes”, por lo cual “no es obligatorio para ninguna modalidad cooperativa pasar a la virtualidad” y, en consecuencia, tener que grabar las asambleas. “En caso de decidir hacerlo, deben redactar un reglamento que debe ser aprobado por dos tercios de la asamblea. Entonces, yo creo que hay garantías para que esto funcione”, manifestó.
Por otra parte, la ex presidenta de FUCVAM indicó que el decreto se redactó a pedido de las cooperativas socias de Cudecoop, que plantearon su preocupación a la directiva a partir del inicio de la pandemia y la dificultad que implicaba realizar las asambleas. Cudecoop, a su vez, trasladó la problemática a Inacoop, que en última instancia lo derivó al gobierno. “Hubo una reunión con la Auditoría Interna y se nos dijo que la ley que nos rige, la 18.407, no habla de virtualidad, [por lo que] sería necesario un decreto para practicar de esa forma. Se confeccionó un borrador, que se hizo llegar el 9 de junio a todas las socias de Cudecoop, y cada una hizo su aporte”, explicó.