El juez federal Juan Pablo Augé dio lugar a las acusaciones contra los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes se investiga por haber espiado en forma ilegal a la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Además, el magistrado trabó una orden de embargo contra los bienes de cada uno de los imputados por dos millones de pesos argentinos –unos 26.000 dólares– y les prohibió la salida del país. Arribas y Majdalani pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres y los diez años de prisión.
De acuerdo a resolución judicial dictada por Augé, “tanto Arribas como Majdalani y [el ex responsable de contrainteligencia, Alan] Ruiz, dispusieron, ordenaron a sus subalternos en forma sistemática a lo largo del tiempo la realización de actividades de inteligencia (vigilancias, toma de fotografías y videos) sobre objetivos de orden político, en un abuso propio de su función y en oposición al marco normativo al que debieron sujetarse para el cumplimiento de sus actividades”.
Según el escrito, al que accedió el diario Tiempo Argentino, los acusados “desde fines del mes de julio y los días previos al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner. La tarea encomendada tenía por objetivo obtener información, mediante la producción de inteligencia, como así también la de almacenar datos sobre la nombrada Cristina Fernández, por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno”.
La resolución explica que Arribas, Majdalani y el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste –este último con una responsabilidad menor– tenían “prohibido realizar tareas de inteligencia vinculadas con la política o seguridad interior, y los elementos de prueba compilados en la pesquisa dan cuenta de las actividades desarrolladas por los imputados”.
De acuerdo a la información obtenida por la Justicia, los acusados no sólo espiaron a Cristina Fernández, sino que cuando automóviles de la AFI fueron descubiertos en las inmediaciones del Instituto Patria –think tank fundado por Fernández en 2016– fraguaron información para dar a estas operaciones una pátina de supuesta legalidad en varias causas judiciales. “La confección de los informes [presentados ante los jueces Federico Villena y Marcelo Martínez de Giorgi] como los presentados ante la Comisión Bicameral de Inteligencia resultan a todas luces ideológicamente falsos por las materialidades introducidas en los mismos”, se establece al respecto en el dictamen.