El caso de la niña de diez años a quien le realizaron un aborto el domingo en un hospital de la ciudad de Recife sigue generando repercusiones en Brasil. Este miércoles el diputado federal Marcelo Freixo, uno de los más reconocidos representantes parlamentarios del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (Psol), anunció que convocará al Congreso a la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, para que se esclarezca la filtración de datos de la niña que, acompañada por su abuelo, decidió interrumpir su embarazo luego de haber sido violada por su tío, quien ya se encuentra detenido. “Este crimen debe ser investigado”, agregó el diputado Freixo en sus redes sociales, de acuerdo a lo que informó el portal Brasil 247.
El legislador del Psol no es el único que cree que la ministra Alves, una pastora evangélica y educadora conocida por sus posiciones conservadoras, tuvo que ver en el asunto. El Ministerio Público de Espírito Santo, estado situado al norte de Río de Janeiro del que es oriunda la niña, sospecha que asesores de la jerarca fueron los que filtraron, por orden de Alves, datos personales de la menor, una niña que vive en situación de extrema vulnerabilidad, ya que su madre murió, su padre está preso y está a cargo de su abuela.
Según informó la revista Fórum, el 9 de agosto, dos días después de que se notificara la internación de la niña en un hospital de São Mateus, localidad situada a 220 kilómetros de Vitória, ciudad capital de Espíritu Santo, Alves envió a dos de sus asesores del ministerio, quienes se contactaron con la niña y su abuela, acompañados por el diputado estadual Lorenzo Pazolini, perteneciente a la bancada evangélica. Según explicó la ministra, su intención era “conocer detalles de las investigaciones” sobre el caso. De acuerdo a lo que reveló la revista Piauí, la fiscalía estadual sospecha que durante esas visitas los enviados de Alves tuvieron acceso a todos los datos de la niña, entre ellos su historia clínica. Estos datos posteriormente fueron divulgados en las redes sociales por la activista de extrema derecha Sara Giromini, también conocida como Sara Winter, quien conoce a Alves e incluso trabajó un tiempo como asesora suya en el ministerio.
Giromini –partidaria del presidente Jair Bolsonaro–actualmente se encuentra en prisión domiciliaria luego de haber sido procesada por amenazar a integrantes del Supremo Tribunal Federal. Ahora está siendo investigada por la Justicia y la fiscalía de Espírito Santo comenzó una acción civil contra ella, en la que se le pide que pague una indemnización de 1.320.000 reales (aproximadamente 238.000 dólares) por los daños morales ocasionados.
Además de dar datos personales de la niña, la militante fascista de 28 años de edad –quien en poco tiempo pasó de ejercer la prostitución y ser una activa feminista a convertirse en una ferviente opositora al aborto– difundió el nombre del hospital de la ciudad de Recife en el que se le realizaría el procedimiento a la niña, lo que motivó que fuera del centro asistencial se congregaran fanáticos religiosos antiabortistas. Según se establece en el escrito judicial presentado por la fiscalía de Espírito Santo, el accionar de Giromini en el ámbito cibernético “violentó el derecho, previsto constitucionalmente, de que la sociedad asegure al niño, al joven o al adolescente el acceso a la dignidad y al respeto”.