“Un nuevo hecho aberrante de abuso patronal”; así comenzaba la denuncia que realizó el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT el sábado a través de un comunicado. En el texto se relata que un trabajador de 67 años había sido “agredido físicamente por el encargado de su empresa” en la localidad de Sarandí Grande, en Florida. Si bien lamentó lo ocurrido, el dueño del tambo, Álvaro Vera, dio una versión diferente de la del trabajador y sostuvo que la agresión fue de “ambas partes”, según informó Subrayado.
Vera, además de discrepar con las denuncias del trabajo, también se “mostró molesto” con las acciones que tomó el peón y el seguimiento del caso que tuvo el sindicato al que pertenece (la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA).
María Flores, integrante de UNATRA y encargada del seguimiento de parte del sindicato, contó a la diaria que este lunes se produjo una instancia de acercamiento entre los abogados para analizar cómo se avanza en el proceso judicial. “Se le solicitó la información necesaria al forense” y hacer una puesta a punto de toda la situación, comentó. La integrante del gremio dijo que desconocía las declaraciones del dueño del tambo y no ha tenido trato con Vera.
En el comunicado del Secretariado del PIT-CNT, la central sindical informó que el trabajador realizó rápidamente la denuncia correspondiente, y las lesiones físicas que recibió el peón fueron constatadas por el médico forense. Asimismo, afirmó que estas actitudes “abusivas” eran parte de las prácticas sistemáticas del encargado entre “abusos” y “agresiones verbales”. En diálogo con la diaria, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo que, más allá del planteo del dueño del tambo, parte de la base de que “los golpes no deben ser parte de una praxis laboral”. “En el mundo del trabajo los conflictos se resuelven con legislación, no con golpes”, expresó. “Lo que vemos desde el PIT-CNT con preocupación es que se están conociendo muchos casos de peones rurales que son golpeados o humillados”, manifestó.
Según Pereira, es necesario que haya una “denuncia política, que tenemos que ver dónde se hace, pero sobre todo una toma de conciencia”, porque “Uruguay no puede seguir laudando sus diferencias en el medio rural por medio del castigo físico”.