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Guido Manini Ríos en la Torre Ejecutiva.

Foto: Mariana Greif

Nacionalistas opinan que no hay formación de causa para el desafuero de Manini

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La próxima semana el Senado analizará si hace lugar al pedido del fiscal Morosoli.

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“No me voy a amparar en ningún fuero porque tengo la certeza de que hice lo que debía hacer”, dijo el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, durante la campaña electoral. El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó al Parlamento que se le retiren los fueros que tiene como senador para imputarlo por el delito de omisión de denuncia, por no haber comunicado a la Justicia que José Nino Gavazzo había confesado ante un Tribunal de Honor haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

Los senadores nacionalistas que integran la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta concluyeron que “no hay mérito jurídico” para retirarle los fueros a Manini, según informó el jueves El Observador. El próximo lunes, tanto la bancada del Partido Nacional (PN) como la del Partido Colorado (PC) tomarán una posición al respecto, ya que al día siguiente se vota el desafuero en la comisión, y el miércoles en el Plenario.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien elaboró uno de los informes sobre el tema, dijo a Desayunos Informales que el artículo 114 de la Constitución dice que los legisladores tienen “que evaluar si hay lugar a formación de causa” y que, a su entender, “no hay formación de causa porque hay otros responsables”. A Manini se le imputa no haber cumplido con el artículo 177 del Código Penal, que establece que cualquier funcionario público, al tomar conocimiento de un delito, tiene que denunciar a la Justicia. Según dijeron fuentes del PN a la diaria, se trata entonces de un delito que no es imputable a Manini, en la medida que no era él quien podía hacer la denuncia penal, porque es un funcionario “subordinado”, entonces “lo que debía hacer es informarle a su superior”.

En filas coloradas, el líder del sector Batllistas, Julio María Sanguinetti, se refirió al tema en abril, en una edición del semanario Correo de los Viernes, en la que recordó el pedido de desafuero del entonces vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, quien omitió incluir una propiedad en su declaración jurada. “Tiene el PC credenciales de actuar siempre de ese modo y el Frente Amplio [FA] recordará que cuando la Justicia pidió el procesamiento del entonces vicepresidente Nin Novoa, se votó en contra. Había omitido ‒y se probó‒ declarar un bien en su patrimonio; sin embargo, se entendió que no había allí una intención delictiva y que su error no era suficientemente grave como para ameritar el desafuero. Esto ocurrió el 2 de agosto de 2011”. También señaló que si Manini tuvo responsabilidad, “mucho más la tuvieron el secretario de la Presidencia y el propio presidente de la República”. En Ciudadanos, el actual ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien integró la comisión mientras se desempeñaba como senador, presentará su informe el lunes.

Para el FA, la argumentación del fiscal es “absolutamente fundada”. El senador Enrique Rubio dijo a la diaria que todos los testimonios dados son coincidentes. También indicó que los mismos integrantes del Tribunal le informaron al entonces comandante en jefe sobre la gravedad de lo informado por Gavazzo, pero Manini ordenó suspender las actuaciones. “Además hace declaraciones públicas posteriores haciéndose cargo de haber detenido esto”, señaló Rubio.

El senador también se refirió a las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez y recalcó que la historia parece repetirse. “Sin duda lo que sucedió es que los militares no comunicaron a la Justicia y tampoco lo comunicaron a sus superiores”, afirmó. Para Rubio mientras en el caso de Gavazzo el tribunal se centró en si había perjudicado a un compañero de armas, y no en las revelaciones brutales que hizo, aquí sucedió lo mismo: se enfocó en la fuga de Vázquez y no en todo lo que declaró. “Nadie puede suponer que Azucena Berruti, en conocimiento de semejante cosa, iba a aparecer impávida”, sentenció.

Mariana Mota: “Lo ideal sería que fuera voluntariamente”

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, dijo en diálogo con el programa Vespertinas, que la discusión “obviamente la debe resolver el Parlamento”, pero “abstrayéndonos de la temática”, opinó que “todas las veces que alguien es convocado por la Justicia, lo ideal sería que fuera voluntariamente”. “Porque de eso se trata, de que se aclaren los crímenes en los cuales las personas que están convocadas por la Justicia tienen información o pueden tenerla”, señaló.

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