Con los votos de la coalición de gobierno y tras un duro debate con la oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley que flexibiliza la regulación de la residencia fiscal en el país, que fue enviado por el Poder Ejecutivo en julio.
El texto aprobado este martes por el Senado va en la misma línea que un decreto aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou, que flexibilizó los requisitos para aquellos extranjeros que posean empresas en Uruguay. En concreto, esa norma bajó el patrimonio necesario para obtener la residencia fiscal a 1,7 millones de dólares, y a una permanencia en el país de al menos 60 días, a partir del 1 de julio de este año. Cuando fue aprobado, el decreto fue cuestionado dentro de la coalición por parte del sector colorado Ciudadanos, que sugirió subir de 60 a 90 días la estadía mínima, porque el país corría el riesgo de “no cumplir con estándares internacionales”.
En concreto, el proyecto que ahora deberá ser estudiado en la Cámara de Representantes plantea otra facilidad para los inversores que quieran radicar su residencia fiscal en Uruguay: extender de cinco a diez años la posibilidad de pagar el Impuesto a la Renta a los No Residentes o el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a una tasa de 7%, en “toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza”, siempre y cuando “tales rendimientos provengan de entidades no residentes y constituyan rentas pasivas”, según dice la exposición de motivos del proyecto enviado por el Ejecutivo, que sostiene que con él se busca “el aumento de la inversión y la generación de empleo”.
El miembro informante del proyecto, el nacionalista Jorge Gandini, indicó que con el texto se intenta “generar atracción para que se radiquen en el país desde el punto de fiscal y físico ciudadanos de otros países”, y recordó que el presidente había anunciado que esto iba a ser prioritario durante su gobierno. Si bien el proyecto original establecía que quienes ya se habían acogido a este beneficio por el plazo original de cinco años pudieran acogerse a esta ampliación, Gandini dio a entender que el tema generó diferencias en la comisión y en la propia coalición de gobierno, por lo que el inciso fue retirado.
La oposición cuestionó el proyecto. El senador frenteamplista Mario Bergara criticó que los mecanismos de residencia fiscal “sean un elemento de promoción de inversiones”, en lugar de una forma para definir quiénes deben pagar impuestos y quiénes no. Para Bergara, tanto el decreto como esta norma bajan el umbral de exigencias a niveles “muy exiguos” que pueden generar “perjuicios reputacionales”. “No creemos que por comprar un inmueble y estar dos meses en el país se pueda plantear que haya inversión y radicación de personas en el exterior, y además bajar excesivamente las exigencias para la residencia fiscal nos coloca en umbrales que comienzan a no verse con mejores ojos desde los organismos internacionales que evalúan a los países con respecto a la vocación de transparencia de información tributaria y bancaria”.