La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) planteó en el Parlamento que se estudie una modificación a la normativa vigente que establezca controles desde el inicio sobre el origen de los fondos de las inversiones inmobiliarias de gran porte. Hay un “vacío normativo” que hoy día permite que existan negocios millonarios en los que “no hay nadie que haya controlado previamente el dinero invertido”, dijeron funcionarios del organismo al comparecer el jueves ante la Comisión Especial de Lavado de Activos de Diputados.
El titular de la secretaría, Jorge Chediak, manifestó que se pretende “extender el análisis del origen del dinero” en el sector de la construcción, porque actualmente hay “determinadas inversiones inmobiliarias, por ejemplo, de importantes torres en el departamento de Maldonado, básicamente, en Punta del Este, en donde recién empieza el control del origen del dinero cuando se venden las unidades pero con relación a los compradores, no con relación a quien hizo la inversión”.
Las leyes antilavado establecen que la obligación de control sobre el dinero recae en una cantidad de sujetos obligados, como son los profesionales que intervienen en una transacción, inmobiliarias y promotores de construcción, entre otros.
“La lógica del sistema está pensada para que siempre haya implementados sucesivos controles. El problema se nos plantea cuando el promotor inmobiliario, la constructora y la inmobiliaria son el mismo sujeto. Ahí no hay control, porque el que vendría después en la cadena es el escribano, pero el escribano no controla a la empresa sino que controla a su cliente (que compra un inmueble). Entonces, no hay nadie que haya controlado previamente el dinero invertido en esa inversión, que pueden haber sido de millones de dólares”, dijo Gustavo Misa, de la Supervisión de Fiscalización de la Senaclaft.
Misa agregó que en caso de detectar algún tipo de indicio de lavado de activos podría haber una “denuncia en la Fiscalía”, pero la Senaclaft no puede “investigar” en esos casos porque no hubo omisiones de ningún sujeto obligado en dicho proceso.
“Hemos detectado que la normativa tiene un vacío importante y que deberíamos intentar llenarlo, porque podrían estar pasando importantes cuestiones que tengan que ver con el lavado y ese vacío normativo nos impide actuar” en el área de la construcción de inmuebles, subrayó Misa.
En igual sentido, Chediak señaló ante los legisladores que existen “serias limitaciones en encontrar a quienes hacen la inversión, a quienes compran el terreno, a quienes se abocan a la construcción en general, ya cobrando anticipadamente cuotas por las unidades y utilizando ese dinero para hacer la construcción”.
La solución, según el secretario antilavado, pasaría porque cuando “se aprueban los permisos de construcción en la Intendencia” departamental, se exija “también a nivel normativo un análisis, una debida diligencia del origen de los fondos”.
El funcionario de la Supervisión de Fiscalización explicó que “sería bueno” establecer una modificación legal para que “cuando el inversionista comience la obra, cuando presente el proyecto o el plano de construcción en la Intendencia o en el Ministerio de Vivienda ‒si es de interés social‒, tenga que demostrar cuál es el origen de los fondos que va a utilizar para construir ese edificio”. Es decir, que se sumaría para estos casos, como sujetos obligados de controlar, a las Intendencias y a la cartera de vivienda.
Chediak sostuvo que sería un mecanismo de control preventivo similar al que se viene utilizando para indagar el origen de los fondos y el beneficiario final de las inversiones por participación público-privada (PPP) y de las empresas de la industria del cannabis. En estos casos la tarea recae directamente sobre la Senaclaft, no sobre un sujeto obligado.
“De esa manera, nos aseguramos el origen de la licitud de los fondos que se van a abocar a esas construcciones y, eventualmente, si vamos un paso más, cuando se termine la obra y comience, ya no la venta en pozo sino la venta de las unidades, nos aseguramos de que básicamente aquel plan de financiamiento de las obras con determinados aportes, con ciertos orígenes del dinero, sean efectivamente los que se terminaron usando”, indicó el jerarca.
Los funcionarios de la Senaclaft mencionaron que la construcción es una de “las formas de entrada de lavado de activos que históricamente se le han achacado a Uruguay”.
Controles a venta de autos de alta gama y yates
La delegación del organismo antilavado propuso también sumar al universo de fiscalización la comercialización de automóviles de alta gama, yates y aeronaves. Chediak dijo que estos negocios “por razones operativas quedaron fuera de la supervisión” y detalló que, por ejemplo, en el caso de los coches de lujo existen unas 150 ventas por año.
“Sería bueno sumar algunas otras actividades, lo que en el ámbito internacional sería mirado con buenos ojos. Son actividades de riesgo en el sentido de que, en el mundo, con los yates, los aviones y ese tipo de cosas el lavado de activos se da más”, acotó Misa.