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Cámaras de televisión durante una conferencia.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Tras revocar asignación de canales de televisión, el gobierno no realizará nuevo llamado

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La institucionalidad que surgirá de la nueva ley de medios no contempla la asignación de estas señales.

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El gobierno no hará un nuevo llamado para la asignación de canales de televisión que formen parte de la grilla de los cables, luego de revocar la resolución emitida en febrero por el gobierno anterior.

El viernes 14, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) comunicó que el Poder Ejecutivo hizo lugar a los recursos presentados por Cardinal TV y los canales 4, 10 y 12 –entre otras empresas– para revocar la decisión de la administración frenteamplista. La resolución original había sido asignar las señales a Canal U; TV Libre Multimedio La República; y Eutopía TV –liderado por el ex dueño de La República Federico Fasano y Ruben Villaverde–.

Este lunes fuentes del MIEM dijeron a la diaria que no está previsto hacer un nuevo llamado para la asignación de señales de transmisión obligatoria a través de los cables. Explicaron que se espera por “la nueva institucionalidad”, que surgirá del proyecto de ley enviado por el gobierno que modifica la ley de medios, en el que no se contempla sumar frecuencias de este tipo.

Además, el gobierno confía en sus argumentos para defender la revocación y enfrentar posibles impugnaciones de los adjudicatarios iniciales. Por un lado, se entiende que hay aspectos “de forma” que no se respetaron en el proceso: el pliego de condiciones para el llamado fue realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), cuando en opinión del gobierno debió ser efectuado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –esto porque aún no se conformó el Consejo de Comunicación Audiovisual–.

El Ejecutivo también entiende que hubo “irregularidades” durante el proceso de adjudicación de las señales. En esa línea, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo el viernes a El Observador que el proceso de adjudicación fue “irregular, poco prolijo, inoportuno y totalmente inconveniente” por la proximidad del cambio de gobierno.

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