La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestó por medio de un comunicado su preocupación por las serias limitaciones en la falta de acceso a internet en la región de los sectores más vulnerables de la población y la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta de manera particular a las comunidades indígenas, la población afrodescendiente, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros grupos.
Según se expresa en el comunicado publicado por la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, “en el contexto actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19, el acceso de las personas a una internet de calidad adquiere una centralidad insoslayable. A partir de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento social impuestas por los gobiernos a nivel global y su extensión en el tiempo, la conexión a internet aparece como la herramienta por excelencia para continuar con las tareas cotidianas que anteriormente requerían el contacto presencial, además de ser crucial para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales”.
Según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el continente americano casi 23% de la población no cuenta con acceso a internet, en distintos niveles según país, subregión y comunidad.
En América Latina y el Caribe se calcula que al menos 300 millones de personas no tienen acceso. Los mayores índices de desconexión se encuentran principalmente en países de América Central, el Caribe y América del Sur.
“La CIDH y su Relatoría Especial identificaron que las comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales, mujeres, afrodescendientes, niños y adolescentes están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales”, agrega la resolución, consignada por la agencia Télam.
La brecha digital, según el organismo, “refuerza las desigualdades preexistentes que sufren esos grupos, ampliamente documentadas”.
“La CIDH llama especialmente la atención a los estados sobre ese problema, que supone dificultades para acceder a derechos, incluyendo las ayudas financieras que los gobiernos están ofreciendo para enfrentar la pandemia”, agrega el documento.