Con cuatro representantes de organismos del Poder Ejecutivo, más un delegado por cada compañía telefónica (Antel, Claro y Movistar), el miércoles comenzó a trabajar el Comité de Portabilidad Numérica, que surge de la ley de urgente consideración (LUC) y tiene como tarea tomar definiciones para avanzar hacia un sistema de telefonía celular que permita cambiar de empresa prestadora sin perder el número.
El comité fue oficializado por el gobierno a través de un decreto emitido a principio de mes. El director nacional de Telecomunicaciones e integrante del nuevo órgano, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que se reunirán una vez por semana y cuentan con 180 días para cumplir las tareas que les encomendó la LUC.
La ley de urgencia aprobada en julio declaró a la portabilidad numérica como “un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil” y planteó que los costos de la migración hacia el nuevo sistema “en ningún caso se trasladarán al usuario”. Entre las tareas asignadas al comité, está elaborar un cronograma para la implementación de la portabilidad numérica, realizar “estudios técnicos y de impacto económico” sobre el cambio de plataforma tecnológica que esto implica, hacer “un plan de migración adecuado” y determinar los costos fijos que tendrán los operadores.
Acosta y Lara señaló que la idea es tener “el año que viene el sistema funcionando”. Para eso, la primera definición que deberá encarar el comité es “qué sistema de portabilidad usaremos, si será o no mediante una empresa administradora de datos”. Esto porque el nuevo esquema implicará que cuando alguien digite un número de celular, no se sabrá qué empresa gestiona la línea en cuestión, por lo que la llamada deberá pasar por un sistema que hará la intermediación.
“En el mundo se estila que haya un tercero que administra, una empresa que se dedica exclusivamente a almacenar los datos de todos los números, hacer el enrutado y derivar la llamada. Esa empresa debe tener estrictas reglas de confidencialidad. Si se elige ese camino, se hará un llamado internacional”, explicó el jerarca. Agregó que hay “opciones más baratas” que el comité deberá analizar, y que lo seguro es que ninguna de las compañías telefónicas que operan en el país se encargará de la intermediación de las llamadas.
El costo derivado del nuevo sistema, que en mercados internacionales se sitúa en 0,1 dólar por llamada, debe ser asumido por las compañías, y por eso se apostará a “un consenso entre ellas” sobre el método a utilizar. El director de Telecomunicaciones destacó que las empresas “ya tienen asumido este tema”.
A su vez, detalló que otra parte del trabajo inicial del comité será “estudiar experiencias de países que han tenido éxito en la implementación de la portabilidad numérica, como Paraguay, Colombia o Costa Rica, para sacar información del sistema y la reglamentación”.
Además, hacia adelante se deberán definir aspectos tanto técnicos como de mercado para realizar la migración al nuevo esquema. “Si una persona que porta el número (es decir, es dueña y no lo perderá) puede tener deudas o no, o qué pasa con las acciones de marketing que puedan hacer las empresas en ese sentido”, dijo Acosta y Lara a modo de ejemplo.
Para integrar el comité, cada organismo o empresa representada debió elegir dos nombres (un titular y un suplente), quedando así la conformación: por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) del Ministerio de Industria, Acosta y Lara junto al ingeniero Juan Piaggio, actual asesor del organismo; por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), el ingeniero Fernando Hernández, jefe del Departamento de Telecomunicaciones, y el economista Luis González, gerente de Servicios Postales; por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y del Conocimiento (Agesic), el ingeniero Mauricio Papaleo, director de Seguridad de la Información, y la ingeniera Virginia Pardo, directora de Sociedad de la Información; por Antel, la ingeniera Graciela Piedras y la licenciada Teresita Ravera; por Claro, los abogados Mathías Cestau y Florencia Spagnolo; y por Movistar, el ingeniero Alejandro González Oyarzun y la abogada Leticia Lago.