El gobierno argentino y el de la provincia de Buenos Aires reconocen que las decenas de ocupaciones de terrenos y de inmuebles que se registraron allí en los últimos meses se explican por las dificultades para acceder a una vivienda en el contexto de la crisis económica.
La atención sobre este fenómeno se debió en buena medida a lo ocurrido en la localidad de Guernica, donde un amplio terreno fue ocupado por más de 2.500 familias. En pleno invierno, los ocupantes formaron un asentamiento con viviendas precarias armadas con nylon, chapas, cartón y madera.
Una militante de la organización Barrios de Pie, Nidia Báez, relató al diario Página 12 que en la mayoría de los casos son familias y parejas jóvenes que necesitaban vivienda o que perdieron la suya porque no podían seguir pagando el alquiler. Allí, además, comparten una olla popular que para algunos es la única posibilidad de alimentarse.
La ocupación comenzó el 20 de julio y generó reacciones divididas en el Frente de Todos, la alianza a la que pertenecen el presidente argentino, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. En cuanto a la oposición, varios intendentes de la alianza macrista Juntos por el Cambio reclamaron a las autoridades que tomen medidas más duras contra los ocupantes.
A estas diferencias se agregan las tensiones entre los habitantes del terreno y los vecinos de la zona, así como acciones legales que iniciaron supuestos dueños del predio. La Justicia ordenó el 7 de agosto que el terreno fuera desalojado, pero esa orden se suspendió debido a que la Asociación Gremial de Abogados, asumió la defensa de los ocupantes y apeló esa decisión.
Ese colectivo de abogados cuestiona el proceso y argumenta que esas tierras no tienen dueño. “Son tierras que vacantes, porque sus titulares de dominio no están; tampoco son oficiales”, dijo a la agencia Efe el presidente de esa asociación, Eduardo Soares. Explicó que los dueños murieron y no se registró un traspaso de esa propiedad. “Estas cosas no se resuelven con el derecho, se resuelven con la política y con la economía, se resuelven buscando la manera de paliar las necesidades de prácticamente 15 millones de argentinos”, concluyó el abogado, en referencia a la pobreza que afecta a casi 40% de la población argentina.
Visión política
“Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia, porque si no es ‘hago lo que quiero’”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acerca de otra ocupación, la de Villa Mascardi. Aunque pertenece a la alianza gobernante Frente de Todos, en este asunto Massa coincidió con diputados macristas.
También Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, dijo que el que ocupe tierras en la provincia “irá preso”. Reconoció que “el déficit habitacional es un problema a resolver, a afrontar con soluciones perdurables en el tiempo, ya que se necesitan planes de vivienda que trasciendan los gobiernos”, pero agregó: “Tengo que defender los intereses de los bonaerenses honestos, el derecho a la vida, la propiedad privada y la libertad, y no porque se me ocurre a mí, sino a la Constitución, que garantiza la propiedad privada y se acabó la discusión”. Por su parte, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat del gobierno nacional, María Eugenia Bielsa, dijo que las ocupaciones se relacionan “con situaciones más delictivas que situaciones reales de necesidad”.
Otra posición muy distinta mantuvo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. La funcionaria manifestó que la ocupación de predios “no es un tema de seguridad”, sino de un “déficit habitacional”, que hay que atender. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires”, agregó.
Este jueves, en conferencia de prensa, dijo que “las tomas de tierras son ilegales” y que “la Justicia es la que toma la decisión de que las fuerzas federales o provinciales realicen determinadas acciones, ya sea de custodia o desalojo”, pero señaló que “algunas de esas personas sufren de necesidades habitacionales y esa no es la forma de resolver el problema”.
Esta postura se acerca más a la que sostienen el gobernador y el presidente. Kicillof dijo que “hay una necesidad” y que el gobierno debe atenderla “con programas y planes” y Alberto Fernández destacó que la ocupación no es legal, pero “existe un problema habitacional” que “hay que resolver”.