El Poder Ejecutivo no incorporó los recursos solicitados por el Poder Judicial en el presupuesto que envió al Parlamento. En concreto, remitió seis artículos en el inciso, entre los que se destaca el “pasaje gradual” de las funciones propias del Registro Civil, que están a cargo de los jueces de paz del interior del país, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Además de mantener el presupuesto, en un organismo que no percibe un incremento presupuestal desde el período 2005-2010, el Ejecutivo dispuso que el traspaso de créditos del rubro servicios personales hacia gastos de funcionamiento requiera la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, y, en el caso de que el traspaso implique cambios en la inversión, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Las aspiraciones del Poder Judicial tampoco fueron tomadas en cuenta en lo que respecta a la creación de 14 juzgados especializados en violencia de género y la creación de más de 200 cargos en todo el país para la implementación de la ley de violencia de género. En su defecto, fueron redistribuidas competencias previstas para esos juzgados especializados hacia juzgados penales y de familia.
Por otra parte, no se equiparó el salario de los magistrados, que actualmente tienen tres niveles por el mismo cargo, debido a los cambios introducidos en el presupuesto de 2010, que aumentó los salarios de los ministros, sin advertir que estaban asociados los de los ministros de la SCJ y todo el Poder Judicial.
En marzo de 2018, ante la negativa del Ejecutivo de hacer efectivo el aumento y las dificultades para que el tema fuera tratado por vía judicial, por estar implicados los magistrados, se alcanzó un acuerdo que otorgó 16% de aumento a los jueces y 18% a los funcionarios, quedando pendiente 10% y 8%, respectivamente, para completar la equiparación. De esa forma, quedaron en distintos niveles quienes firmaron el acuerdo, quienes fueron a juicio y quienes ingresaron después del acuerdo.