El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (SIFPOM-U) presentó una nota ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados en la que plantean su discrepancia con el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. “No se nos aumentan los salarios ni se nos mejora la calidad de vida, por el contrario, se nos perjudica con normas más gravosas y la quita de derechos adquiridos y beneficios que han costado años de lucha”, dice la conclusión de la nota.
Uno de los artículos cuestionados es el que permite al Ministerio del Interior la contratación de hasta 1.000 policías retirados. El proyecto establece que los contratados deben tener menos de 65 años, su baja no puede haber sido por sanción disciplinaria o ineptitud física o mental y no pueden haber sido condenados por causa penal o sometidos a proceso penal. Las contrataciones pueden ser por hasta cuatro años, prorrogable por dos más, y serán para desempeñare en las comisarías con funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, que de acuerdo con la Ley Orgánica Policial son aquellos que cumplen con tareas de “mantenimiento del orden público, prevención y represión de los delitos y demás típicas de la función policial”.
SIFPOM-U especifica que las jubilaciones policiales están sumergidas, “el policía dedica su vida a la función, literalmente, y se retira en la actualidad con el 50% del sueldo base de retiro […] contratar a estos mismos retirados, pegándoles una compensación, que únicamente les permitirá cobrar en total (entre retiro y compensación) su grado, o incluso un grado menor al suyo, implica que trabajen en igualdad de condiciones que el resto del personal cobrando la mitad o menos. Parece muy desafortunado y de poco respeto al retirado policial”.
El sindicato se pregunta si el gobierno destinará recursos para actualizar a estos funcionarios en nuevas tecnologías: “¿Qué pasará con los grados que van a ocupar las vacantes? ¿generará esto un precedente para pedirle al policía que trabaje hasta los 71 años como ejecutivo en lugar de aumentarle su jubilación?”. SIFPOM-U propone que se presenten los más de 600 policías eventuales que hay en todo el país que están capacitados y que tienen una experiencia de entre 3 y 5 años de servicio.
Los integrantes del sindicato dicen, además, que apuestan a que sus reivindicaciones sean contempladas y escuchadas, y que el gobierno los brinde “el apoyo que la familia policial necesita, con un único fin que nos une: sacar adelante la seguridad del país”.
SIFPOM-U también tiene reparos sobre el artículo 134 que trata sobre subsidios transitorios por incapacidad policial. El sindicato asegura que este artículo perjudica a los policías porque “se declara que no apto para las tareas compatibles para con su estado de salud se dispondrá su retiro […] Igual solución se aplicará en el caso de que siendo apto para dichas tareas el Jefe de Policía o el Director Nacional no considerará conveniente su permanencia en la función”.
Sobre la vivienda policial los integrantes del sindicato consideran que, al quitarles “15% de los recursos del fondo de vivienda, siendo esto un tema crítico y de gran importancia para la mejora de la calidad de vida del trabajador policial, nos preguntamos cómo se va a compensar dicha pérdida”, dice la nota. Lo que proponen es conformar un equipo técnico, con representación sindical, para que se encuentre una solución.
Con relación a la salud de los funcionarios policiales piden que se reconozca que es diferente al de otros trabajos y que esto sea tomado e cuenta para la jubilación, “para lo cual ofrecemos realizar un estudio, con el apoyo del Departamento de de Salud Ocupacional de Hospital de Clínicas y de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad, a efectos de determinar enfermedades en la función y particularidades que inciden en forma determinante e irreparable en la salud del policía”, dice el texto.