“Arbeleche, largá la plata de las viviendas”, “no a la LUC”, “Yo estoy con la educación pública”, “presupuesto para el pueblo” eran algunas de las proclamas que se podían leer este jueves en pancartas y carteles alrededor del Palacio Legislativo. Allí fue convocada una manifestación por parte de la Intersocial, que nuclea a diversas organizaciones sociales y gremios, entre los que está el PIT-CNT. También estaba la Intersocial Feminista, que convocó a movilizarse por más recursos para la Ley 19.580, de violencia basada en género.
Amira Fagúndez, representante del movimiento estudiantil, fue la encargada de leer la proclama. Empezó señalando que el 30 julio realizaron “importantes movilizaciones de la Intersocial” y le entregaron al presidente Luis Lacalle Pou una nota acompañada de una “plataforma integral de propuestas para abordar las verdaderas urgencias de las grandes mayorías nacionales” para dar respuesta “a los compatriotas que a lo largo y ancho de nuestro país se siguen alimentando en ollas populares”. Señaló que a través de la coordinadora de ollas populares se registraron 48.600 personas que asisten a las 285 ollas, solamente en Montevideo.
“Necesitamos respuestas para las mujeres que, producto de la emergencia social, sufren el agravamiento de la violencia machista. Y para las personas que en el marco de la emergencia sanitaria quedaron sin ingresos, y para los miles de trabajadores que se ven en la obligación de acogerse al seguro de paro”, señaló. Agregó que las propuestas fueron acordadas por las más de 60 organizaciones que integran la Intersocial, que determinaron ponerlas en consideración del gobierno. “Desde aquel 30 de julio no hemos recibido respuesta por parte del gobierno, ni a un solo punto de los 12 puntos que ha elaborado la Intersocial”, sostuvo.
Subrayó que siguen esperando la respuesta de Lacalle Pou a sus propuestas, pero sobre todo “ante estas situaciones tan dolorosas para nuestro pueblo”. “En momentos de pandemia, es inadmisible que no se atiendan derechos fundamentales como la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. La crisis actual la estamos pagando los trabajadores, también las pequeñas empresas, mientras el gran capital es al que se ampara, bajo el esquema de que la palanca de crecimiento son las empresas”, sostuvo. Agregó que esto lo reafirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “cuando señala que Uruguay sólo ha invertido 0,7% del producto bruto interno a la hora de enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia”.
LUC y presupuesto
Fagúndez señaló que la preocupación de la Intersocial es “aún mayor” cuando ven que “la estructura del presupuesto” que presenta el Poder Ejecutivo “no contempla la situación extraordinaria que viven nuestro país y el mundo entero”. Agregó que el objetivo más importante de un presupuesto “es social”, ya que “es la manera en que se distribuyen los recursos para mejorar el bienestar de la población”.
“Este proyecto de ley de presupuesto nacional se apoya en una idea central: la reducción del déficit fiscal. Desde esta perspectiva, es imposible no vincularlo con la reciente aprobada ley de urgente consideración [LUC]. En este sentido, la LUC se vuelve el brazo ejecutor, necesario para la implementación efectiva del presupuesto. La incorporación de una regla fiscal asociada al gasto, prevista en la LUC, limita la asignación presupuestal. La caracterización que se hace de las bondades del mercado y de las ventajas de la competencia como mecanismo para alcanzar mejores niveles de eficiencia toman parte de una idea exclusivamente mercantilizadora del rol del Estado”, sostuvo.
Agregó que “el resultado de estas recetas” cuando fueron aplicadas fue “el desmantelamiento de la industria nacional, la pérdida de competitividad y el empeoramiento de las condiciones de vida”. Subrayó que “no hay que confundir crecimiento con desarrollo”, ya que el primero no garantiza el segundo, porque crecer “puede ser una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas”.
“Lo más urgente para los sectores populares es el trabajo, que para nosotros construye la verdadera fuerza que genera riqueza en el país, así como una malla de protección social, una batería de políticas sociales que revierta las desigualdades de base que enfrentan nuestros niños, jóvenes, mujeres y jubilados, los colectivos de la diversidad, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad”, agregó.
Más adelante, dijo que “resulta inadmisible” que 52% de la población de Uruguay, las mujeres, no reciban “el respaldo del Estado” a la hora de poder “gozar de una vida libre de violencia”. “¿De qué seguridad hablamos? Si el compromiso del Estado ante esta emergencia nacional es postergar el cumplimiento de la Ley Integral de Violencia Basada en Género, el sistema de respuesta integral y el acceso a la Justicia que nos corresponde por derecho. La violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia y el abuso sexual que tanto repudiamos pero tan presente está en todos los sectores de la sociedad, en estas condiciones presupuestales suma perpetradores”, sostuvo.
Por último, la Intersocial exigió “respuestas ante la emergencia social” y reclamó “un presupuesto justo que atienda las verdaderas urgencias de nuestro pueblo”. “Estamos convencidos de que a la gran ofensiva neoliberal hay que oponerle un gran frente social. Será un largo camino de maduración, pero estamos seguros de que no existe otra forma de lucha que la unidad para la acción, con un plan de movilizaciones que no cesará hasta conquistar nuestros justos reclamos”, finalizó la proclama.