Tras comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que el financiamiento de los cuatro establecimientos carcelarios que pretende construir en este período de gobierno se realizará con venta de inmuebles y recursos de las próximas rendiciones de cuentas.
El ministro, que opinó que se está en una situación de “emergencia en materia de seguridad pública”, detalló que hay 12.800 personas privadas de libertad, 1.014 más que cuando asumió el nuevo gobierno, y se estima que a fin de año el número podría ascender a 13.000.
Larrañaga dijo que la administración de las cárceles es “una tarea compleja y extremadamente difícil”, con un ingreso por día de cinco personas privadas de libertad. En esa línea, manifestó que la meta es construir tres nuevos centros penitenciarios en el quinquenio, para sacar del centro de la ciudad las cárceles de Tacuarembó, Artigas y Treinta y Tres. Además, se prevé una cárcel de máxima seguridad que funcionará en el predio del Penal de Libertad, que cuenta con unas 300 hectáreas que son propiedad del Ministerio del Interior.
Larrañaga explicó que para financiar la construcción de los establecimientos carcelarios se acordó que el ministerio venda parte de los inmuebles que tiene en su propiedad, “sin perjuicio de otras adecuaciones que vamos a hacer en los penales existentes, en donde estamos seguros de que con mano de obra de presos y contratada se puede hacer muchas reformas que mejoren la calidad edilicia”.
“No hay que olvidar que va a haber instancias de rendiciones de cuentas que van a habilitar recursos económicos, conjuntamente con la disposición de bienes que tenemos en el Ministerio del Interior para resolver los problemas económicos que tengamos para enfrentar la construcción de esas dependencias carcelarias”, agregó.
Por otra parte, el ministro planteó que en la nueva Punta Rieles, que fue construida en el marco de un contrato de participación público-privada, la capacidad se redujo de 1.900 a 1.560 por vandalización, y señaló que el contrato de mantenimiento no incluye reformas edilicias.
“Fue una muy mala inversión disponer el pago de 20 millones de dólares durante 27 años. No se puede gastar más de 500 millones de dólares en la construcción de una cárcel”, subrayó.
En otro orden, Larrañaga puntualizó que la creación de 2.000 cargos, 750 en la Guardia Republicana, 750 policías ejecutivos y 500 funcionarios para establecimientos carcelarios, se financiará con la reestructura de otros programas del ministerio y una posible autorización de la Contaduría General de la Nación, en función de los espacios fiscales que pueda disponer el Ministerio de Economía y Finanzas.