Una de las primeras medidas que tomó el gobierno tras asumir el 1º de marzo fue, a través de un decreto, limitar en 85% de lo ejecutado en 2019 los gastos de funcionamiento para todos los ministerios este año. A fines de agosto, el Ejecutivo exceptuó de esa obligación al Ministerio del Interior, y en setiembre lo hizo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Cancillería.
La resolución sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó la fundamentación del pedido: “75% del gasto total de Cancillería tiene su origen en las acciones y funcionamiento en el exterior, por lo que el pago de las obligaciones se realiza en moneda extranjera”, y “la devaluación de la moneda nacional respecto del dólar entre 2019 y el presente ejercicio asciende promedialmente a 22%”. Ante esto, y “no obstante las medidas tomadas por la Cancillería en materia de ahorro, no le es posible absorber el costo derivado de la diferencia de cambio producida”.
En el caso del Mides, la resolución señala que “no es posible lograr una reducción presupuestal dado su gasto estructural y las necesidades de brindar una adecuada respuesta a la demanda de la población, producto de la situación de emergencia sanitaria que está viviendo el país”.
Hay una tercera resolución del Ejecutivo con excepciones al decreto de marzo, que refiere al artículo 4, que dispuso la prohibición de la renovación automática de los vínculos con el Estado de quienes no son funcionarios públicos, limitando los nuevos contratos a 60% del monto ejecutado en 2019 por ese concepto. De esto queda exceptuado el Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Según se detalla, allí dentro se encuentran los créditos presupuestales para la contratación de becarios para tareas administrativas en las comisarías, así como los contratos laborales para “actividades desarrolladas en contextos sociales críticos”, como los programas “Pelota al medio a la esperanza” y “Nada crece a las sombra”.
“Para el Ministerio del Interior es sustancial para el cumplimiento de sus cometidos y objetivos en materia de seguridad y mejora en la convivencia pública, continuar con las contrataciones mencionadas en la medida que cumplan con los objetivos y metas asignadas”, dice la resolución que exceptúa a estos programas de la limitación del artículo 4 del decreto de marzo.