“A nosotros nos gustaría que se cumpliera con la palabra que tuvimos el martes en comisión: que lo íbamos a tratar la semana que viene en la comisión y el próximo miércoles en el plenario, pero nosotros somos minoría”, dijo en rueda de prensa el senador del Frente Amplio Charles Carrera sobre el desafuero del líder de Cabildo Abierto (CA), el senador Guido Manini Ríos.
El tratamiento del desafuero se prolongó más de lo que estaba previsto y Carrera subrayó que el Partido Nacional (PN) “tiene un problema porque el principal involucrado, Manini, está solicitando que se vote el desafuero”, y eso lo está “embretando”. Indicó que “hasta por un tema de cortesía parlamentaria” la coalición debería acompañar el desafuero.
Cabe recordar que los informes jurídicos que realizaron por separado los tres senadores blancos de la Comisión de Constitución y Legislación señalaron que no había mérito jurídico para el desafuero.
El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo en rueda de prensa que los próximos pasos están vinculados a “seguir construyendo entre todos los socios de la coalición la definición que se va adoptar”, ya que terminados los informes jurídicos ahora queda “ajustar algunos temas esencialmente políticos”, que están vinculados “a la expresión de los partidos”, porque la intención del PN es que la coalición vote unida en el Senado. “Vamos a trabajar para tratar de lograr ese objetivo. Si no se lograse, se votará como se tenga que votar”, dijo.
En cuanto a la postura de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, que el lunes resolvió oficialmente que votará el desafuero, Penadés sostuvo que es un tema que será oportunamente conversado con los integrantes de ese sector y tratarán de que “puedan cambiar de opinión”. “Si no se puede cambiar de opinión, cero estrés. Veremos de qué manera procederemos nosotros también”, indicó.
Penadés agregó que esperan que en las próximas horas se exprese CA, dado que algunos de sus senadores y agrupaciones ya manifestaron su postura públicamente (por ejemplo, el senador Guillermo Domenech indicó que no votará el desafuero). Por último, dijo que la decisión del PN también toma en cuenta la posición de Manini, pero insistió en que “los fueros no son de los senadores”, por lo tanto, “no responde a la voluntad de un senador sino a si el Senado entiende que hay mérito o no para la conformación de causa”. “Es un tema que quizás es difícil de entender a priori, pero que esencialmente marca lo que es fundamental en este tema, que los fueros no son de un senador sino del cuerpo, y es el cuerpo el que termina decidiendo”, finalizó.
En tanto, el senador blanco Juan Sartori, que está de gira por Melo, dijo a la prensa que está enfocado “particularmente en otra cosa”, pero hay que hacer “un trabajo muy serio” en cuanto a “la base legal del desafuero” y “el trabajo de bancada”. “En el Senado estoy escuchando mucho a quienes tienen más experiencia que yo en estos temas, y por eso es que necesitamos un tiempo para poder trabajar como bancada y coalición en las mejores decisiones posibles”, indicó.
El senador agregó que “la visión de una generación distinta, nueva, menos apasionada sobre los hechos, es buena” y es lo que está “tratando de dar”. Por último, sobre la reunión que tuvieron los senadores blancos el miércoles de mañana con el presidente Luis Lacalle Pou, Sartori aseguró que no hubo “ninguna indicación” por parte del mandatario con relación al desafuero.
Por último, una fuente de Ciudadanos sostuvo a la diaria que en el sector colorado no ven fundamentos para cambiar su decisión sobre el desafuero de Manini. Agregó que el lunes llegaron a una conclusión luego de un largo debate y que resolvieron su postura esa jornada porque estaban convencidos de que al otro día se votaría en la comisión.
PIT-CNT
A todo esto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este jueves una declaración en la que adhiere a la convocatoria de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos a realizar una concentración este viernes de 18.00 a 20.00 en la plaza Libertad, por verdad, justicia y memoria.
En la declaración se expresa que los contenidos de las actas del Tribunal de Honor realizado al coronel Gilberto Vázquez, que se dieron a conocer en estos días, “muestran, nuevamente, esta vez por boca de uno de sus ejecutores, las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares”.
“Ellas le plantean a la sociedad uruguaya el desafío de evitar debates que oculten las obligaciones, aún pendientes, de poner coto a las políticas de impunidad. Esos son los temas sustantivos que deberían estar siendo considerados por el sistema político y los distintos poderes estatales”, se agrega. Según el PIT-CNT es “imprescindible para la salud republicana del país” hacer un recorrido por “algunos de los elementos que constituyen la historia de la impunidad en el Uruguay”, poniendo en primer lugar “las conductas que se asuman” sobre el pedido de desafuero de Manini Ríos.
La declaración expresa que la impunidad “ha tenido continuidad a partir de otras conductas en los períodos de gobierno del 1985 al 2004”, como “la aprobación de la ley de caducidad; la expulsión del Senado de Germán Araújo”; “la censura del reclamo de Sara Méndez”; “el desconocimiento de las recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; “el ocultamiento de la investigación del secuestro de Elena Quinteros; en la absolución por el senado de Juan Carlos Blanco; en la impunidad del asesinato de [Eugenio] Berríos; en la no aceptación de que en Uruguay también se habían apropiado de menores; en el ascenso [a mayores grados] de connotados torturadores; en el espionaje en democracia; en los atentados y amenazas a defensores de los derechos humanos”, entre otros hechos.
Para el PIT-CNT estos “señalamientos” no le impiden “mencionar la falta de una voluntad política eficaz y a todos los niveles de una política pública de persecución criminal a los terroristas de Estado y la no depuración de las fuerzas armadas y policiales en los gobiernos desde el 2005 en adelante que incumplieron obligaciones sustanciales de la sentencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.