La Ley de Presupuesto presentada por el gobierno significa una “privatización” en términos generales en materia de vivienda, sostiene el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González. Si bien para la federación el presupuesto en general es preocupante, uno de los artículos que generan más alarma es el 445, que topea el valor de los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda en 30%. Por otra parte, hay dudas sobre el alcance del 428, que establece que las cooperativas de ayuda mutua no podrán contratar los servicios de empresas constructoras “salvo para casos especiales y con autorización expresa” de la cartera.
El artículo 445 del presupuesto nacional establece que “el subsidio que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial otorgue [...] a las personas o familias a beneficiar podrá representar hasta un máximo del 30% del valor de adquisición del inmueble, de las cuotas del préstamo o de los pagos de alquileres con opción a compra, en su caso”, a la vez que limita el plazo del préstamo en 25 años, mientras que la normativa actual admite una prórroga hasta 35. En diálogo con la diaria, González advirtió que la implementación del artículo 445 “prácticamente derogaría la Ley 19.588 [Sistema de subsidios a la demanda habitacional] y sería catastrófica para el movimiento cooperativo y para los más necesitados”.
El presupuesto “va a dar prioridad para sacar y desembarazar al Estado de una función fundamental” como es la vivienda, sostuvo el dirigente. “Lo que destila el presupuesto es la consumación y la restauración de un modelo neoliberal para todo el país y en particular para la vivienda. Ya tuvimos un recorte de 15% como todos los ministerios y entre lo ejecutado en 2019 y lo asignado para el presupuesto hay un recorte de entre 10% y 13%, que afectará a la inversión del Estado en vivienda”, resaltó González, y agregó que “en el propio plan quinquenal reconocen que de ninguna manera van a llegar a las 50.000 o 60.000 viviendas que se prometieron en la campaña electoral, entonces, realmente la situación es muy preocupante”. Por esta razón, la vivienda será uno de los temas incluidos en la plataforma de la movilización que convoca la Intersocial para el jueves 10.
El artículo 428 del presupuesto estipula que “las cooperativas que se constituyen en régimen de ayuda mutua no podrán contratar los servicios de empresas constructoras, salvo para casos especiales y con autorización expresa” del ministerio, y tampoco “podrán delegar total o parcialmente la gestión y administración de sus recursos, siendo absolutamente nulo cualquier poder u otro contrato que se otorgue a esos efectos a personas que no integren las mismas o a entidades de cualquier tipo, incluyendo a los Institutos de Asistencia Técnica (IAT)”. La violación de estas prohibiciones “ameritará la aplicación de sanciones graves al instituto asesor y a la cooperativa”.
Para González, esta disposición “no tiene una explicación muy lógica”, y explicó que, por ejemplo, las cooperativas recurren a cementeras “y otra cantidad de pequeñas empresas” porque “es absolutamente inviable pretender que la ayuda mutua tenga sólo mano de obra de ayuda mutua”. “El fuerte es la ayuda mutua, pero existen también determinados servicios para los que se contratan empresas”, añadió González, y afirmó que para el viernes está prevista una reunión con el director de Vivienda, Jorge Perini, para consultarle sobre el alcance y la fundamentación de estas disposiciones.