En un hecho de carácter histórico, la empresa automotriz alemana Volkswagen anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Federal del estado de San Pablo para reparar la conducta de la entidad durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Gracias a este acuerdo, cuya firma fue anunciada en la noche del miércoles, tres investigaciones civiles que estaban en curso serán cerradas, al tiempo que se estipuló que la empresa comenzará a cumplir con su política de indemnizaciones a partir de enero del año que viene, de acuerdo a lo que informó el diario O Globo.
La empresa se comprometió a otorgar 36 millones de reales –algo así como seis millones y medio de dólares– para promover iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a la investigación de crímenes cometidos durante la pasada dictadura. Poco más de tres millones de dólares de ese dinero se destinará para el gremio de trabajadores de la empresa, particularmente a los ex trabajadores que hayan denunciado haber sufrido violaciones de sus derechos humanos durante el período militar o a sus sucesores legales.
En un comunicado, la empresa alemana manifestó que “con este acuerdo, Volkswagen quiere promover el esclarecimiento sobre las violaciones a los derechos humanos de aquella época”. Al mismo tiempo, la entidad automotriz afirmó ser “la primera empresa extranjera en enfrentar su pasado de manera transparente”.
Los vínculos entre Volkswagen y la dictadura nunca fueron un secreto, pero recién en 2016 la Justicia brasileña puso el ojo en el tema en el marco de la Comisión de la Verdad impulsada por la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La casa matriz de la empresa –que durante los años 70 y 80 llenó de combis, escarabajos y camionetas Brasilia las calles brasileñas, y también las uruguayas– ordenó la realización de una investigación profunda, y para ello contrató al historiador alemán Christopher Kopper, académico de la Universidad de Bielefeld.
De acuerdo al trabajo de Kopper, se llegó a la conclusión de que la empresa les brindaba información a las autoridades sobre las actividades sindicales de sus trabajadores de la planta ubicada en Sao Bernardo do Campo, localidad paulista situada en las afueras de la capital estadual, conocida por su importante actividad industrial, sobre todo en el rubro metalúrgico.
En el marco de esta colaboración entre la compañía automotriz y el régimen militar, en el año 1972 un trabajador llamado Lucio Bellentani, quien era miembro del Partido Comunista de Brasil, fue torturado por policías integrantes del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) dentro de la oficina de Recursos Humanos de la empresa. Además, ese mismo año otros seis trabajadores de Volkswagen fueron detenidos por sus actividades gremiales. El informe del investigador alemán que se publicó en diciembre de 2017 indica que la dirección de Volkswagen no tuvo participación en el golpe militar del año 1964, “pero la instauración de una dictadura militar que fue siendo cada vez más represiva fue evaluada en forma positiva por la empresa”. En este sentido, Kopper afirmó en su trabajo que Volkswagen fue “leal” al gobierno militar, “compartiendo plenamente sus objetivos económicos y de política interna”.
Luego de conocido el acuerdo entre Volkswagen y la Justicia brasileña, Kopper afirmó que el acuerdo tiene carácter histórico.
En declaraciones a las cadenas alemanas Norddeutscher Rundfunk y Südwestrundfunk y al diario Süddeutsche Zeitung, el investigador dijo que “esta es la primera vez que una empresa alemana acepta responsabilidades por violaciones a los derechos humanos de sus propios trabajadores por hechos sucedidos después del fin del nazismo”.