A pocos días de que terminara 2020, la comuna sanducera lanzó un llamado a licitación para gestionar el personal de los ocho centros CAIF y del centro Siempre de Paysandú. La única oferente fue la fundación A Ganar, una institución presidida por Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, quien fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
El llamado estuvo abierto entre el 23 y el 30 de diciembre, y no abarca únicamente los recursos humanos de los centros de primera infancia, sino que el pliego respectivo convoca al “Gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales, entre otras, de la Intendencia Departamental de Paysandú”. El intendente Nicolás Olivera (Partido Nacional) argumentó que esa medida permitiría el ahorro de más de 15 millones de pesos que estaban destinados al pago de los aportes patronales.
En cambio, el llamado a licitación despertó protestas de los trabajadores afectados y críticas de representantes del Frente Amplio (FA), entre ellos varios ediles de la Junta Departamental de Paysandú, la diputada Cecilia Bottino y la directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Natalia Argenzio. Bottino dijo que la institución que finalmente resultó ganadora en esa convocatoria es una “fundación correligionaria” del partido de gobierno.
El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez (Cabildo Abierto), también cuestionó el procedimiento de licitación que determinó la tercerización de la gestión de los CAIF y pidió una reunión al intendente Nicolás Olivera.
Reconocimientos
El edil nacionalista Braulio Álvarez, presidente de la Junta Departamental de Paysandú, reconoció que “el manejo de la situación no fue acorde”. “La autocrítica desde el ejecutivo comunal, de nuestra fuerza política y de la bancada de ediles está; no fue la mejor manera de manejar la comunicación del llamado a licitación”, dijo Álvarez a la diaria.
No obstante, el edil oficialista aseguró que, más allá “de esa situación”, “el final de la película terminará siendo favorable”. “Hay que terminar viendo que no habrá resentimiento del servicio, que el 1º de febrero abrirán esos centros CAIF, no habrá pérdida de los puestos de trabajo y lo que terminará pasando es que esto va a generar un ahorro para la intendencia”, señaló.
Y agregó: “La anterior administración había solicitado el aumento de partidas al INAU, porque decían que no podían hacer frente a ese gasto. En definitiva, si la Intendencia de Paysandú puede ahorrar esos 15 millones de pesos, que no iban a los trabajadores, ni a los niños, ni a la inversión en materiales para la mejor atención, eso determinará que, a la larga, podamos tener más centros CAIF, más centros Siempre, más centros de asistencia”.
Álvarez también sostuvo que A Ganar contratará “a la mayoría de quienes trabajaban en los centros CAIF, tal como lo aseguró el intendente Olivera”. El edil estimó que la fundación comenzará “a la brevedad” con las entrevistas a quienes trabajaban en esos centros educativos y con la difusión de los llamados laborales “para los cargos vacantes, de modo que exista igualdad de condiciones para los postulantes”.
Por su parte, el edil Marco García (FA) afirmó que la tercerización de la gestión de los recursos humanos de las políticas sociales que lleva adelante la comuna sanducera pone en riesgo cerca de 400 puestos de trabajo. “Esa medida repercute en los 130 trabajadores de los centros CAIF, en 120 de cooperativas sociales que realizaban trabajos de limpieza y recolección de residuos y en la atención de centros termales, y en otros 100 contratos eventuales de talleristas y docentes”, sostuvo.
García adelantó que la bancada de ediles del FA analiza solicitar el fin del receso de la actividad de diversas comisiones de la Junta Departamental de Paysandú para que analicen los impactos de la medida impulsada por el intendente Olivera.