Por tercera vez la Justicia peruana postergó la presentación oral de la denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y tres ex ministros de Salud por las esterilizaciones forzadas y la muerte de cinco mujeres durante las intervenciones.
De acuerdo a lo que informó el diario peruano La República, en noviembre de 2018 la fiscal Marcelita Gutiérrez presentó una denuncia penal contra Fujimori, los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y los funcionarios del Programa de Planificación Familiar Henry Aliaga, Enrique Marroquín, Magda Gonzales y Ulises Jorge Aguilar, por sus acciones ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 272.000 operaciones de ligaduras de trompas y 22.000 vasectomías, en todos los casos a mujeres y hombres campesinos analfabetos, pero se desconoce oficialmente cuántas de estas intervenciones se llevaron a cabo mediante engaños y coacciones. Oficialmente, sólo 2.160 mujeres denunciaron ante la Justicia que fueron sometidas a la esterilización sin información y sin consentimiento.
Para admitir la denuncia, el juez debe realizar una audiencia, lo que ya lleva dos años de demora. Inicialmente, la audiencia se programó para diciembre de 2019, aunque luego se postergó para marzo de 2020, pero en esta segunda ocasión fue suspendida en virtud de la pandemia de coronavirus. El lunes finalmente iban a comenzar las audiencias del juicio, pero el juez penal Martín Martínez decidió suspenderlas por tiempo indefinido, con la finalidad de incorporar traductores de quechua, en sus diversas variantes, para que las víctimas puedan estar informadas y entender el proceso judicial.
El magistrado adoptó esta decisión luego de que el único traductor acreditado a la audiencia, Carlos Mucha, informara que su especialidad es el quechua de la variante Ayacucho, pero hay víctimas que hablan el quechua de las variantes Cusco y Huancambaba-Piura, con quienes no se podía comunicar con fluidez.
Adicionalmente, el juez declaró extintos los cargos penales contra el médico Enrique Marroquín, por fallecimiento. Por su parte, el ex mandatario no se presentó a la audiencia porque el personal del penal de Barbadillo, ubicado en las afueras de Lima, lugar donde se encuentra encarcelado por delitos que van desde el homicidio hasta numerosos hechos de corrupción, informó que el recluso había sufrido una descompensación, que obligó al personal de salud que lo atiende a administrarle oxígeno.
Cuando finalmente llegue el momento de la audiencia, la presentación oral de la denuncia penal estará a cargo del fiscal Pablo Espinoza. En la audiencia participarán los abogados de los denunciados y las víctimas.