La Corte Electoral validó este miércoles 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). La instancia electoral será el domingo 27 de marzo y se imprimirán papeletas rosadas para el Sí (a favor de la derogación) y celestes para el No (en contra de derogar los artículos).
Pero esto último generó ruido en la comisión por el Sí. En la tarde de este miércoles, en la sede de PIT-CNT, la comisión brindó una conferencia de prensa, y José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dijo que les “preocupa” que la Corte Electoral haya elegido identificar la papeleta del No con el color celeste. Sostuvo que no es “una buena señal” para la sociedad uruguaya y la democracia, porque “un color identitario del ser nacional debería estar vedado en su utilización para cualquiera de las dos opciones”.
“Nos parece que tomar atajos en definiciones de este tipo no contribuye al respeto de las 800.000 uruguayas y uruguayos [que firmaron para habilitar el referéndum]. Se le está dando ventaja a una opción, que lo que ha tenido como principal elemento ha sido ocultarle a la ciudadanía el contenido de la LUC”, indicó. Por eso, agregó, este jueves irán ante la Corte Electoral, con representantes legales, y presentarán un recurso para que “se prohíba la utilización del color celeste, para cualquiera de las dos opciones”.
“No lo reclamamos para nosotros, pero no nos parece de justeza ni acertado que la identificación de la papeleta del No se haga con este color, que nos identifica a todas las uruguayas y a todos los uruguayos”, sostuvo.
Al inicio de la conferencia, Olivera dijo que la recolección de firmas fue una “gesta” porque se hizo entre el 29 de diciembre de 2020 y el 8 de julio de 2021, en un contexto de pandemia y con “trabajadores que se quedaban sin trabajo o eran enviados al seguro de paro”, además de que había uruguayos “que tenían que satisfacer necesidades tan básicas, como la comida, en ollas populares”. Agregó que había restricciones, relacionadas con definiciones políticas, “que limitaban o intentaban generar mayores escollos para el desarrollo de una acción democrática y republicana”, desde la negación a la extensión del plazo para la recolección de firmas hasta la negación de la cadena nacional de radio y televisión.
Olivera señaló que este miércoles se inició una nueva etapa de la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, e informó que el miércoles 15 de diciembre, en la explanada de la Universidad de la República, habrá un acto central que fijará los principales ejes de la campaña.
Sebastián da Silva: “Cuanto antes” se salga de este tema, “mejor”
En tanto, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez dijo en rueda de prensa que, en función de la cantidad de firmas presentadas y el nivel de descarte que se venía constatando, la confirmación del referéndum “era un hecho que el tiempo iba a confirmar, día más, día menos”. En cuanto al encare de la campaña por parte del oficialismo, dijo que la LUC “es la materialización de los compromisos electorales” de la coalición de gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou, que se plasmó primero en el documento “Compromiso por el país”.
El segundo factor a tener en cuenta, añadió, son “los beneficios” que la LUC, con un año y medio de vigencia, “ha generado en nuestra sociedad”. A su vez, que “los perjuicios que fueron anunciados por parte de la oposición ninguno de ellos se ha cumplido”. “Es decir, los múltiples relatos que se fueron construyendo, primero en el debate parlamentario, luego en el proceso de recolección de firmas, e incluso después de presentadas las mismas, nada de eso ha ocurrido. No ha ocurrido el gatillo fácil, no se ha limitado el derecho de huelga y no se ha privatizado la educación pública”, indicó.
El diputado puso como ejemplo los números en materia de seguridad, por ejemplo, ya que “afortunadamente se han empezado a reducir de forma sostenida y permanente los delitos” y eso “demuestra que las herramientas incluidas en la LUC han sido beneficiosas para la sociedad”.
A su vez, el senador blanco Sebastián da Silva, que al igual que Rodríguez integra el comando operativo en defensa de la LUC del PN, dijo a la diaria que su partido ya tiene un calendario de actividades, que comenzarán oficialmente el 2 de febrero y los llevará a recorrer 350 localidades del país, en coordinación con el resto de los partidos de la coalición. Sostuvo que hubiese preferido que el referéndum fuera el domingo 13 de marzo, porque la sociedad uruguaya “tiene que abrazarse, sanarse y no enfrentarse”, y “cuanto antes” se salga de este tema, “mejor”, porque “puede llevar a enfrentamientos artificiales” sobre leyes que “no han tenido efecto negativo de ningún tipo”.
Agregó que la campaña estará enfocada en ejes temáticos y en bajar “realidades de la LUC con la vida cotidiana de la gente”. Por ejemplo, van a ir a Blanquillo (Durazno) y les van a preguntar a los comerciantes si prefieren “que haya inclusión financiera obligatoria o libertad”. En cuanto al tema seguridad, por ejemplo, irán a Chamizo (Florida) y le van a preguntar “al tambero que ordeña 30 vacas por día si no se siente más seguro si puede actuar en defensa propia en el galpón de ordeñe, y no como era antes, sólo dentro de su casa habitación”.
Fernando Pereira: “La LUC no sólo no arregla la seguridad pública, sino que la empeora”
Hace pocos días el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo en un space de Twitter, organizado por el grupo Orientales de esa red social, que una vez validado el referéndum se cambiará la estrategia y se pasará a tocar “lo emotivo”: “Después no se queje más cuando le maten al vecino, al hijo”, había ejemplificado.
El candidato a presidente del FA y expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que Manini Ríos “está convencido, porque es un estratega del Ejército, que el miedo, lo emotivo, puede llevar a construir una verdad que luego no se refleja en los hechos”. Subrayó que “los hechos de violencia que estamos viendo en las últimas semanas” dan cuenta de un país “que colocó a la seguridad de nuevo como primer tema de preocupación”, porque, “evidentemente, la LUC no sólo no arregla la seguridad pública, sino que la empeora”.
“El uruguayo, que ha sabido enfrentar dictaduras, como cuando ganó el No [en el plebiscito de 1980], es un pueblo reflexivo, que va a entender lo que se explique en materia de seguridad. Va a entender lo que dijo el Instituto de Derecho Penal [de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República], el propio doctor Germán Aller, grado 5 de criminología, cuando asistió al Parlamento a criticar las medidas de seguridad que planteaba el gobierno del PN”, indicó.
En cuanto a la estrategia de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, Pereira dijo que hay que esclarecer y decir la verdad “sobre los objetivos del gobierno en materia de seguridad pública y la falta de avances que tiene”. Sostuvo que el oficialismo, “cada vez que se ve apretado, tira para el gobierno anterior”, pero eso “simplemente es un atajo para no asumir las responsabilidades”.
“El gobierno, hasta ahora, ha construido la LUC, pero no ha construido seguridad pública, que es mucho más que una amenaza de tocar lo emotivo, porque la gente sabe lo que le pasa al vecino de al lado, lo que está pasando en el barrio y en el país. Y aunque los informativos hayan bajado los minutos dedicados a la seguridad pública, vaya a saber por qué decisión, la gente lo sabe, porque vive en el territorio”, finalizó.