El diputado por el Frente Amplio Enzo Malán denunció que el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, viola la laicidad al tener “símbolos religiosos” en su despacho. La confirmación se da luego de que el organismo contestara un pedido de informes que había elevado el representante en julio, cuando integrantes de un municipio de Soriano ‒departamento al que representa‒ le dieran a conocer que en una reunión con Cipriani, exdirector técnico del Círculo Católico, se dieron cuenta de que tenía símbolos religiosos en su oficina.
Sin embargo, ASSE dice que “no está en un lugar público”, por lo tanto no violaría la laicidad. Para Malán esto es “preocupante”. “Se informa que no se considera irregularidad alguna y que, por tanto, no fue objeto de tratamiento en el seno del Directorio de ASSE. ¿Cómo se entiende esto? ¿El edificio de ASSE es público, pero una oficina particular no? ¿Dónde recibe el presidente de ASSE a sus invitados? ¿En la sala de reuniones a todos? A su despacho privado, ¿no ingresan funcionarios públicos del propio organismo, no ingresan terceros, personal, mantenimiento?”, cuestionó.
Para el diputado, la respuesta del organismo “carece de fundamento jurídico”, al considerar que el despacho de Cipriani, dentro del edificio de ASSE, “no sea un espacio público”. “Todas las oficinas, despachos y lugares del edificio de la sede principal de ASSE son del dominio del servicio descentralizado. Por tanto, es posible concluir que la acción de tener colgado como ornamento un símbolo religioso en una oficina pública, donde se cumplen funciones, violenta las disposiciones constitucionales previstas en los artículos 5 y 58, que dicen que el Estado no sostiene religión alguna y que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política o proselitismo de cualquier especie”, explicó en su alocución en la cámara baja.
Malán consideró que se trata de una “situación grave”, porque se utiliza una de las paredes de la oficina para colgar ornamentos con alusión religiosa. “Todo ciudadano tiene derecho a expresar su fe y practicarla, y eso lo defenderemos siempre, pero no en una oficina pública”, estableció, y concluyó que se está ante un caso de “clara ulterior responsabilidad, que merece un accionar urgente de las autoridades”.