Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron este jueves una denuncia ante la Fiscalía contra la gestión de la cartera llevada adelante en la última administración del Frente Amplio, que abarca entre otros temas la gestión de la donación realizada al Cottolengo Don Orione, los gastos de mantenimiento de los ascensores Otis, irregularidades en el sistema de transporte y el programa de Atención a las Situaciones de Calle.
El documento, de unas 50 páginas, también denuncia irregularidades con viáticos, compras de bienes para refugios que al entender de la nueva administración no se justifican y contratación directa de servicios, como reparaciones en talleres mecánicos por un monto en 2018 y 2019 tres veces mayor que en 2020.
El director general del Mides Nicolás Martinelli -que renunciará a su cargo en los próximos días- y el abogado Gustavo Bordes fueron recibidos por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien recibió la denuncia, que fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1° turno, según supo la diaria.
A la salida de la Fiscalía, Martinelli dijo en una rueda de prensa que el contenido de la denuncia surge de las auditorías realizadas en 2020 y de investigaciones administrativas del ministerio que concluyeron que existían hechos con apariencia delictiva.
Martinelli aclaró que quedó excluido de esta denuncia el informe presentado por la Auditoría Interna de la Nación sobre el vínculo con organizaciones sociales y las cooperativas sociales, y la auditoría que encontró presuntas irregularidades en el Sistema de Cuidados, aunque señaló que ambas serán incorporadas a la causa en las próximas semanas.
El director general del Mides dijo que en la denuncia no se presentan nombres sino hechos, y será la fiscalía la que “verá hasta dónde llega la responsabilidad”. Junto a la denuncia entregaron una lista con unas 30 personas que podrían ser testigos en la causa.
Martinelli destacó que es obligación de los funcionarios públicos denunciar hechos de apariencia delictiva, y señaló que se trata de situaciones de dolo, omisiones y errores y, en algunos casos, “reiteradas” prácticas irregulares.
Por su parte, el abogado denunciante, Gustavo Bordes, dijo que la denuncia contiene “hechos graves que afectan no sólo al funcionario, sino a los dineros públicos”, y se refirió a “compras que no se necesitaban o no se sabía para qué se compraba”. Además, señaló que en cada rubro está estimado el monto del perjuicio contra el Estado.
“Cuando se fue a los depósitos se encontró innumerable cantidad de productos en mal estado que no se sabía por qué se habían comprado y en cantidades absurdas, eso es una parte de la denuncia”, señaló.
La causa será investigada por el fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Enrique Rodríguez, cuyo nombre fue manejado como sucesor del fiscal de Corte, Jorge Díaz por el diputado Eduardo Lust, quien lo señaló como un hombre vinculado al Partido Nacional.