Un grupo de grandes empresas fue acusado en Argentina de retener sus productos –en su mayoría alimentos y artículos de limpieza– y generar así desabastecimiento en supermercados y otros puestos de venta. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que es parte de la Secretaría de Comercio Interior, hizo estas imputaciones “luego de verificar” que las empresas retenían esos productos o no los entregaban como estaba previsto para su comercialización. Así lo informó el organismo en un comunicado difundido por los medios argentinos.
De acuerdo con la subsecretaría, existen indicios de que las empresas incumplieron una resolución enmarcada en la emergencia sanitaria declarada el 20 de marzo de 2020 que tenía como objetivo mantener un tope en los precios de artículos de primera necesidad, evitar abusos contra el consumidor en su comercialización y asegurar la disponibilidad de esos productos en los puestos de venta. La vigencia de esa resolución, la 100/2020, fue prorrogada varias veces, la última, hasta marzo de 2021, y es la base legal de los llamados precios máximos.
En su artículo 4º, se establece la intimación a “las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización” de productos de consumo masivo “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.
La Secretaría de Comercio Interior informó ayer en un comunicado que al fiscalizar el cumplimiento de esta resolución, los inspectores encontraron faltantes de algunos productos en comercios. A partir de esa constatación inspeccionaron las oficinas de las empresas, pidieron datos de sus inventarios de los últimos dos meses y detectaron que había caído la producción o la distribución de diversos productos.
Según la secretaría, estas situaciones abarcaban los quesos crema y postres de Danone, las principales marcas de pañales y detergentes de Procter & Gamble, aderezos de Unilever (que sufrieron una caída de casi 100%, de acuerdo con las autoridades) y todos los tipos de panes lactales de Fargo, así como pastas y tapas de empanadas fabricadas por esta última empresa. Los inspectores detectaron también una reducción del inventario de todas las marcas y presentaciones de los productos de la Aceitera General Deheza. Otros aceites comestibles estaban en la misma situación. Es el caso de los que produce Molinos Río de la Plata, empresa que también veía reducido su stock de harinas, arroz y productos a base de arroz, mientras que se detectó una caída en el despacho de aceites y harinas de la firma Bunge, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam.
Otras compañías no entregaron la información solicitada por los inspectores en los plazos establecidos y por eso también fueron imputadas, porque tienen el deber de brindar esos datos a las autoridades. Es el caso de las empresas Mastellone, dedicada a los productos lácteos, Molinos Cañuelas, Potigian, que distribuye golosinas, y el frigorífico Paladini.
De acuerdo con el portal Infobae, en los casos en que se constató que la producción o la distribución se había reducido, las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para acreditar que cumplieron con la norma, que su stock es similar al de noviembre y que tomaron las medidas necesarias para que sus productos lleguen a los comercios.
Durante las inspecciones a comercios de la semana pasada, que fueron 174, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores detectó incumplimientos de la resolución de precios máximos. Se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos y por no presentar declaración jurada con la lista de precios, y se dispusieron 22 clausuras preventivas por 24 horas. Esta última medida se aplica cuando el incumplimiento abarca más de diez productos.