Luego de algunos días de silencio, tras conocerse el viernes los cambios de criterios y valores en la normativa sobre el etiquetado frontal de alimentos —que empezó a regir el lunes—, que generaron diversas críticas, el gobierno salió a defender las modificaciones bajo dos líneas argumentales: que en comparación al decreto inicial de 2018 se trata de reglas “más exigentes”, y que se varió pensando en la negociación para armonizar la normativa a nivel del Mercosur.
Para el especialista Gastón Ares —docente de la Facultad de Química y coordinador del Núcleo Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República (Udelar)—, el decreto inicial de 2018 y el último “tienen distintas formas de cálculo y excepciones, por lo que no puede decirse que los valores son iguales, ni verse de la misma manera”. La comparación que puede hacerse es qué cantidad de productos, dentro de cada categoría, quedan abarcados o no por el rotulado, lo que da cifras “parecidas” entre las reglas del primer decreto y del más reciente. “La diferencia grande está en los lácteos sólidos, porque se pasa de 7 a 13 gramos [en el límite de los azúcares]”, explicó.
Sobre la discusión a nivel del Mercosur, según el acta de la última reunión del subgrupo de trabajo de Reglamentos Técnicos dentro de la Comisión de Alimentos —donde desde hace al menos tres años se discute el tema etiquetado—, Uruguay expresó su “preocupación” por la normativa que aprobó Brasil en 2020, y ratificó que más allá de la vigencia del rotulado están “todos los temas del decreto abiertos a discusión” con los socios regionales. De lograrse el consenso, Uruguay volvería a modificar la normativa interna.
El decreto publicado el viernes, tres días antes de que comenzará a regir el etiquetado y que modificó las reglas establecidas en setiembre —tras una prórroga de seis meses y un decreto que cambió la normativa original de 2018, nunca implementada—, ocasionó críticas desde el ámbito político y también de la academia. En comparación al último decreto, se elevaron los valores límites de azúcares, sodio y grasas.
El debate político y las razones del gobierno
Esta semana, con los votos de todos los partidos políticos, la Comisión de Salud de Diputados citó al ministro de Industria, Omar Paganini, para explicar los cambios en el etiquetado. Además de las críticas del Frente Amplio (FA), desde el Partido Colorado se manifestó “sorpresa” por el cambio normativo y se habló de “conocer las razones por las cuales se redujeron las exigencias”.
Desde el gobierno el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ha sido el vocero sobre el etiquetado, y no el Ministerio de Salud Pública (MSP), que había liderado el proceso durante la pasada administración y es el encargado de la fiscalización. Sin embargo, la primera voz que salió a defender los cambios fue la del diputado Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada del Partido Nacional (PN).
El decreto del viernes “mantiene los mismos parámetros de sodio, azúcares, grasas totales y grasas saturadas para alimentos sólidos que el que fue publicado durante la administración de Tabaré Vázquez”, escribió el legislador este miércoles en su cuenta de Twitter. Explicó que sí hubo un cambio de criterio, porque antes se utilizaba “las calorías como la unidad de base para los valores de referencia que definen el exceso, y ahora el Poder Ejecutivo optó por usar gramos, lo que se utiliza en todo el mundo y facilita la comprensión del consumidor”. Por este cambio es que Ares afirma que no es posible hacer una comparación.
Para el diputado blanco, la normativa vigente “significa un avance para que cada vez más uruguayos puedan tener un mejor discernimiento a la hora de comprar alimentos y, por ende, generar mejores hábitos alimenticios”.
La pregunta que surge frente a esta explicación, y que formuló Ares, es: “Si se quería la misma cantidad de productos con octógonos de advertencia que en 2018, ¿para que se cambiaron [los valores y criterios con el decreto de setiembre]? Ahí no se necesitaba prórroga extra y no se perdía tiempo para implementar la política y alcanzar los resultados, que es que la gente reduzca el consumo de los alimentos con exceso”.
Según la versión del gobierno, en este punto entra a jugar la negociación en el Mercosur. Rodríguez dijo que en setiembre se tomaron “como referencia [los valores límites] de la tercera fase del modelo implementado en Chile, volviéndose mucho más exigente que el decreto original”. Una fuente del gobierno comentó a la diaria que “era inviable que los demás países tomaran la propuesta de Uruguay” con los valores de setiembre, y entonces se “consideró bueno generar esos cambios [implementados con el decreto del viernes] para ir al ritmo del Mercosur”.
Debate regional y la realidad de cada país
Cuando comenzó a tratarse el asunto del etiquetado dentro del grupo técnico del Mercosur, se acordó entre los países que cada uno podría avanzar en la normativa interna pero con el compromiso de adaptarla luego al consenso que surgiera. Uruguay fue el primero que dio el paso con la normativa de 2018 que ahora entró a regir, y en 2020 fue Brasil el que aprobó una ley sobre etiquetado. Según Ares, la normativa brasileña es “bastante laxa” en los valores respecto de la de Uruguay, y recibió críticas “de la sociedad civil y las organizaciones científicas” por no utilizar octógonos negros sino “un sistema más amigable para la industria”.
En la última reunión de octubre y noviembre de 2020 de la Comisión de Alimentos del Mercosur —según surge de las actas—, “la delegación de Uruguay manifestó su preocupación a la delegación de Brasil” por aprobar la normativa “durante el proceso de negociación” en el bloque, y recordó que el decreto local fue presentado en 2018 a los socios.
A su vez, la representación del gobierno expresó que “mantiene” el compromiso que de lograrse “armonizar un reglamento técnico Mercosur el mismo será internalizado modificando el decreto vigente, estando todos los temas del decreto abiertos a discusión considerando la relevancia para Uruguay de lograr un reglamento armonizado”.
Ares repasó que Paraguay no tiene ninguna regulación para el etiquetado y que Argentina tiene “propuestas en paralelo”. Esto último porque hay una ley aprobada en el Senado y pendiente de tratamiento en Diputados, que imita la legislación de México —una de las más exigentes— y va en línea con las recomendaciones internacionales, pero a la vez la delegación argentina en el Mercosur habla de implementar “algo gradual y por etapas”.
El experto señaló que la armonización a nivel del Mercosur llevará por lo menos “un año más” de discusión, y luego seguramente se establecerá un plazo de adecuación. Llegado el caso, aclaró que si la normativa regional resulta más flexible que la local, podría dar lugar a litigios porque “podría considerarse un retroceso de derechos”.