El fiscal de Corte, Jorge Díaz, presentó la semana pasada los números de la Fiscalía cerrados a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. En ese marco, Díaz destacó que desde que se instaló la reforma procesal penal para pasar al sistema inquisitivo se comenzaron a “escuchar cuestionamientos, críticas, que era una reforma prodelincuente” y señaló que los números actuales demuestran que este sistema es “más garantista y eficaz que el inquisitivo”: “La realidad hoy está demostrando que teníamos razón”, afirmó en Desayunos informales de Teledoce.
Hoy ese “relato” crítico “se cayó”, afirmó Díaz: “Decir que como consecuencia de la aplicación del sistema acusatorio el número de personas privadas de libertad había caído y seguiría cayendo fue un error. Hoy tenemos un número récord de personas privadas de libertad, más de 13.000. Podemos discutir si es un buen dato o no”, apuntó. En ese sentido, el fiscal de Corte consideró que el índice de prisionización actual es “muy alto”, con 370 privados de libertad cada 100.000 habitantes.
“Somos uno de los países de América Latina con índice de prisionización más alto, al tiempo que no somos el país que tiene mayor cantidad de delitos. Ese es un tema que creo que los expertos deberían empezar a analizar, porque también tiene consecuencias. A mí no me gustaría estar en los zapatos del ministro del Interior en este momento, con este índice de prisionización, pero hay gente que lo aplaude y dice que eso está muy bien”, reflexionó Díaz. Por otra parte, cuestionó la decisión del sistema político de eliminar la suspensión condicional del proceso: “Creo que era un muy buen instituto y en eso existe consenso entre fiscales, jueces, defensores y academia”.
Respecto de la baja de delitos registrada desde marzo, Díaz señaló que el delito es un fenómeno multicausal, por lo que es difícil explicarlo a partir de un solo factor, pero indicó que sobre lo que no cabe “ninguna duda” es que “la caída abrupta tiene una relación directa con la emergencia sanitaria”. “Luego la movilidad aumenta y no hay un efecto rebote. Eso hay que estudiarlo detenidamente. Está claro que mejoraron las imputaciones, que aumentó la cantidad de privados de libertad; pero evidentemente hay muchos más factores detrás de eso”, analizó.
Díaz también se refirió al “detrimento presupuestal” que padece la Fiscalía, que desde 2015 percibe el mismo presupuesto para gasto de funcionamiento e inversiones y recibió un recorte con el presupuesto nuevo. “Reclamamos recursos porque creemos que podemos funcionar mucho mejor. Hoy el sistema está funcionando, pero llegamos a un tope. Pretender seguir mejorando desde esta óptica es muy complicado”, advirtió.