El jueves a última hora el líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, se entregó a la Policía tras saber que se había emitido una orden de detención en su contra. Rápidamente el partido tomó una serie de acciones para buscar la liberación de su excandidato presidencial, que consideran que fue detenido por motivaciones políticas. El PLRA y sus seguidores consideran que esta es una operación política dirigida por el expresidente Horacio Cartes que utiliza al actual mandatario, Mario Abdo, para, a través de denuncias promovidas por la fiscal general Sandra Quiñónez, evitar que Alegre sea candidato en las elecciones previstas para 2023.
En primer lugar, convocó a una movilización para el lunes, en la cual cientos de personas se reunieron frente al Ministerio Público para reclamar la salida de Alegre de la cárcel y de Quiñónez de su cargo. Frente al Ministerio Público estuvieron varios diputados y senadores, así como familiares de Alegre, que se hicieron eco de estos pedidos.
En segunda instancia, recurrió ante la Organización de los Estados Americanos; a través de una carta denunció que se trata de una persecución política que implica “la violación de los derechos humanos y el ejercicio de prisión del ciudadano Efraín Alegre con motivos políticos”. A su vez, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío de una misión observadora “para corroborar las condiciones de la vigencia del Estado de derecho y el monitoreo de la situación de los derechos humanos en la República del Paraguay, así como el respeto a los derechos civiles, políticos y humanos del afectado en particular”.
Por último, el PLRA busca aliados para destituir a Quiñónez a través de un juicio político, una iniciativa que ha cosechado muchas críticas tanto en el oficialismo como en las agrupaciones de trabajadores del Poder Judicial, que argumentan que una medida de este tipo, prevista en la Constitución, va en contra de la independencia de los poderes y busca presionar el accionar de la Justicia. Los liberales cuentan con el respaldo del izquierdista Frente Guasú, pero están lejos de lograr los 53 votos necesarios para iniciar el proceso en la Cámara de Diputados.
La estadía de Alegre en prisión
La esposa del dirigente político detenido, Miriam Irún, denunció ayer que no pudo visitarlo y aseguró que su seguridad “está en riesgo”, por lo cual responsabilizó al gobierno.
El diario paraguayo La Nación, que integra el grupo de medios cuyos dueños son integrantes de la familia de Cartes, denuncia desde hace varios días que Alegre estaba gozando de beneficios excepcionales en prisión. Entre otras cosas, se señalaba que recibía visitas todos los días y que se permitía a sus visitantes ingresar con teléfono celular, condiciones a las que no acceden los demás detenidos.
El comisario Blas Vera, responsable del lugar, dijo a ese diario que los nuevos internos gozan de ciertas condiciones especiales los primeros ocho días de estadía. Sin embargo, estos beneficios parecen haberse acabado ayer.
La causa por la que está detenido Alegre
El dueño de una gasolinera denunció el año pasado que el PLRA falseó una factura de su negocio para abultar los gastos de la campaña electoral de 2018 en un departamento del interior del país.
En junio la Justicia imputó a Alegre al considerarlo responsable por ser el presidente del PLRA. La Fiscalía General pidió la prisión preventiva del dirigente, pero la jueza de la causa, Cynthia Lovera, le permitió optar entre cumplirla o pagar una caución de unos 21.500 dólares.
En su momento, Alegre señaló que la Constitución prohíbe que los candidatos presidenciales se vinculen con el financiamiento de la campaña, lo cual lo desvincularía automáticamente del manejo del dinero.
La semana pasada la jueza ordenó la prisión preventiva tras señalar que Alegre no cumplió con la medida alternativa, o sea, el pago de los 21.500 dólares.