La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) suspendió por 30 días un desalojo que se debía ejecutar este martes contra una familia del complejo habitacional de Millán y Lecocq, en el barrio Conciliación. Se trata de una mujer que vive con sus tres hijos menores de edad en un apartamento que heredó de su abuela y su madre, promitentes compradoras de la vivienda construida por Cobluma SA, la constructora que inició un litigio para desalojar a cerca de 5.000 personas del complejo Verdisol.
Evelyn tiene 25 años, es madre soltera de tres niños de nueve años, cuatro años y 11 meses, y está desempleada. La deuda que heredó por el apartamento, que su madre y su abuela -ya fallecidas- no pudieron terminar de pagar, asciende a ocho millones de pesos (aproximadamente 181.000 dólares). Según contó la joven a la diaria, su abuela se mudó allí en 1990, cuando el apartamento estaba recién terminado. Pagó las cuotas desde entonces hasta 2007. Falleció en 2012, cuando Evelyn tenía 17 años y una hija de un año. Como sus padres murieron cuando tenía cuatro años, ella se crio con su abuela y luego de su muerte continuó en ese apartamento.
Recibió el primer cedulón en marzo de 2020, el segundo en octubre y el tercero el 9 de marzo de este año: ese día le dieron un plazo de 14 días para abandonar la vivienda, que finalizaba este martes a las 11.00. Exactamente a esa hora, cuando se aprestaba a recibir la orden de desalojo, recibió un mensaje de su abogado: la medida se suspendió, pero por 30 días, y la negociación continúa.
La directora de la ANV en representación de la oposición, Verónica Dodera, explicó a la diaria que en 2019 se sugirió a la joven que se presentara en la institución para evaluar de qué manera y de acuerdo con sus ingresos iba a poder hacer frente a la deuda, pero que, sin embargo, en el expediente de la ANV no figura que Evelyn se haya presentado para regularizar la situación.
Su abogado, Darío Madeiro -que trabaja de forma honoraria en el consultorio barrial que funciona por un convenio entre la Intendencia de Montevideo, el Municipio G y la Obra Don Calabria, una asociación civil religiosa-, explicó a la diaria que su clienta se presentó la semana pasada, pero no pudo regularizar su situación porque también tenía atrasos con la contribución inmobiliaria y el Impuesto de Primaria. “Fijate que si la mujer no puede pagar la cuota, cuánto más va a hacer convenios para pagar impuestos nacionales. Es una mujer sola, madre jefa de hogar, desempleada”, señaló.
Dodera afirmó que no le “consta” que la joven se haya presentado, pero, de todas formas, este martes informó al directorio del lanzamiento inminente, y su intención de detenerlo. “Pedí que se tratara el tema y vimos que el camino corto era que la directora de Jurídica se comunicara con el juzgado en nombre de la ANV. Tuvimos que parar el desalojo a instancias mías y a solicitud de los servicios jurídicos, que pidieron al juzgado que no hiciera lugar al desalojo, y se pidió una prórroga”, explicó la jerarca.
La idea de Dodera es que el tema se continúe tratando en el directorio, más allá del caso puntual, “para cualquier otro desalojo pendiente”. “Mi preocupación hoy es que si hay otros casos similares no se paren los procesos, pese a que estamos en una situación especial. Yo no creo que sea lo mismo decirle a una persona que se vaya a la calle con pandemia que sin pandemia”, reflexionó. En cuanto al caso puntual, señaló que ahora “la pelota está en la cancha de la interesada y en los servicios de la ANV a disposición”.
Uno de los argumentos de la defensa es que la ANV no tendría legitimación para desalojar o reclamar el bien, porque el vendedor fue la empresa constructora, que es Cobluma SA. “Si Cobluma le quedó debiendo al banco y se subrogó en el crédito, eso no está acreditado en la demanda de la ANV”, observó Madeira, y consideró que la ANV “tomó una decisión política” al llevar adelante el caso.
Pero con este aplazamiento, se abre una nueva ventana para la negociación. “Me voy a mover lo más rápido que pueda por los papeles que me faltan, porque no es que yo no quiera hacerme cargo de esto”, afirmó Evelyn. “Mi intención es quedarme, porque no tengo a dónde ir. Es difícil manejarse sola. Si yo tuviera a mi madre, mi hermana, a un tío o a un primo, alguien que esté acá, para acompañarme, para llevar a los niños a la escuela o algo... Si me pongo a trabajar tendría que pagar a alguien que me los cuide, y no me quiero ni imaginar la cifra que me podrían poner para cuidar a tres niños”, apuntó.
En tanto, Madeira cuestionó que “en plena pandemia” la ANV “no tiene una política para estas personas, que viven en los complejos habitacionales”. “Hay situaciones de todo tipo en este complejo: apartamentos tomados, apartamentos donde hay bocas [de venta de droga], apartamentos que se han ocupado y lucran con ellos; hay situaciones de violencia doméstica que nos han llegado al consultorio barrial y la Agencia: ‘bien, gracias’. Entonces, que no me digan que hay una política de la Agencia respecto de los complejos habitacionales. Es una negligencia total”, aseveró.