“Ajuste fiscal” fue uno de los conceptos más manejados en la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales de 2019. Claro que se le pusieron otros nombres: el hoy presidente lo llamó “shock de austeridad”, mientras que los dirigentes frenteamplistas alertaron sobre una vuelta de la “motosierra”, imagen que acompañó a Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del hoy presidente, cuando fue candidato en 2009.
El Partido Nacional, en su programa para las pasadas elecciones, prometió bajar el déficit fiscal y el gasto público. La irrupción del coronavirus en el país, el 13 de marzo de 2020, alteró sus planes respecto de estas dos promesas de campaña. El déficit pasó de 4,7% del producto interno bruto (PIB) en 2019 a 6% del PIB en 2020, a impulsos de las acciones derivadas del combate a la pandemia. Pero aun en medio de la emergencia sanitaria, económica y social, la coalición gobernante aprobó en 2020 un Presupuesto que mantuvo el gasto público a niveles constantes respecto de 2019.
Los recortes de gastos de funcionamiento e inversiones previstos en el Decreto 90/020, sumados a los dispuestos en el Presupuesto para algunas áreas de la administración, afectaron políticas que estaban en curso. En las empresas públicas hubo recortes de personal y las inversiones disminuyeron hasta 30%. Todavía los balances de 2020 no están cerrados, pero se proyecta que UTE disminuirá su recaudación y según la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Antel perdió más de 250.000 clientes el año pasado, al tiempo que crecieron los usuarios de las telefónicas privadas Movistar y Claro.
Pese a que en campaña Luis Lacalle Pou se comprometió a que los recortes no afectarían las políticas sociales, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Uruguay ha denunciado la paralización del programa de asistentes personales que antes funcionaba en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) alegan que se está en un proceso de “reestructura” de los programas de cuidados y que el presupuesto que se manejaba era “irreal”. El subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, llegó incluso a afirmar que el SNIC es un “muy buen programa [sic] de países ricos” y que hay que “adaptarlo a la realidad del país”.
En el área de la educación hubo una disminución de 20.000 horas docentes en educación media y recortes en el programa de maestros comunitarios, entre otros. Respecto de 2019, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) recortó el presupuesto para la investigación en 43,7%, para la formación de investigadores en 30,3%, y para el acceso a literatura científica en 51,3%. En vivienda se suspendieron realojos de asentamientos que estaban previstos desde la administración anterior, como el de la Fortaleza del Cerro. En la salud, organizaciones de usuarios denunciaron faltantes de medicamentos en los centros de salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que las autoridades atribuyeron a problemas logísticos. Por otra parte, se registraron atrasos de meses en el pago de salarios de trabajadores del Mides, y recientemente también los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura denunciaron adeudos de meses.
Cambio de políticas
La ley de urgente consideración (LUC) fue el instrumento legislativo que escogió la coalición gobernante para poner en marcha su programa de gobierno. Algunos de los artículos de esta norma revierten políticas adoptadas por el Frente Amplio (FA) en sus 15 años de gobierno: por ejemplo, se eliminó el Sistema Nacional de Educación Pública; se eliminó la representación docente en los consejos desconcentrados de la educación, que pasaron a ser entidades unipersonales; se introdujeron cambios en el Código del Proceso Penal que dieron mayores potestades a la Policía; se modificó la normativa sobre ocupaciones; se modificó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas aprobada durante el último gobierno del FA; entre otras.
Otros cambios a políticas implementadas por el FA esperan su turno en el Parlamento, como la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En otros casos, legisladores de la coalición gobernante pretenden revertir políticas impulsadas por el FA, como la obligatoriedad de que los niños reciban educación sexual en las escuelas.
Retrocesos en derechos humanos
El deterioro de la situación económica y social, influenciado o determinado –según la versión opositora u oficialista– por la pandemia del coronavirus, se reflejó en un aumento de la pobreza y de las personas en situación de calle. La semana pasada, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que la pobreza aumentará entre dos y tres puntos porcentuales a raíz de la pandemia. El censo de personas en situación de calle realizado por el Mides arrojó un aumento de 25% de quienes están en esas circunstancias en 2020. Mientras tanto, el salario real sigue cayendo, y según las estimaciones del PIT-CNT, la disminución será de 5% sobre fines de 2021.
Al mismo tiempo, la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno en materia de empleo, pobreza e ingresos de los hogares arroja un saldo negativo, según una encuesta de enero de 2021 realizada por Factum. En cambio, la gestión de la seguridad, que fue uno de los temas de mayor preocupación de la opinión pública durante los gobiernos del FA, es evaluada en términos positivos por la mayoría de la población. En esta área fue en la que la coalición gobernante introdujo mayores cambios, incluidos sobre todo en la LUC. Las modificaciones apuntaron a un endurecimiento punitivo y a otorgar mayor libertad de acción a la Policía, y fueron cuestionados por organizaciones de derechos humanos como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia. Por ejemplo, la presunción de inocencia en la actuación policial; la declaración de ilegítimos de los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios; la introducción de los delitos de agravio a la autoridad policial y resistencia al arresto; el aumento de las penas para adolescentes; la extensión de la presunción de legítima defensa, entre otros.
Wilder Tayler, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), dijo a la diaria que las denuncias de violencia policial ante esa institución tuvieron “un pico importante durante los primeros días de la administración” y luego bajaron, aunque han mantenido siempre una “leve tendencia ascendente”. Las denuncias se focalizan en operativos en la calle y agresiones verbales o físicas contra personas jóvenes. “Nosotros hemos asociado esa tendencia al alza en denuncias de exceso de la fuerza por parte de operativos policiales en la calle al discurso que rodeó a todo el proceso de la LUC. Una reafirmación muy mecánica, muy dura, del concepto de autoridad, la defensa de la autoridad policial de forma casi incondicional, la superposición de distintos elementos que fortalecen la inmunidad de los operativos policiales”, enumeró Tayler.
El presidente de la INDDHH anunció que la institución está estudiando la posibilidad de hacer un informe general sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, que sirva como “un aporte” y que incluya también recomendaciones sobre el uso de balas de goma o perdigones en los operativos. “Llamarlo ‘uso de la fuerza no letal’ es un eufemismo, de pronto no te matan pero te dejan ciego, o en algunos casos también te pueden matar”, advirtió Tayler. La semana pasada, en Malvín Norte, efectivos policiales hirieron a mujeres con este tipo de armas.
Sin cambios en la agenda de derechos
En una entrevista con la agencia de noticias Efe durante la campaña electoral de 2019, Lacalle Pou aseguró que no derogaría las leyes que conforman la agenda de derechos, pese a que en algunos casos no las votó: legalización del aborto, regulación de la marihuana, matrimonio igualitario, ley integral para personas trans. En su primer año de gobierno, actuó en consecuencia. Guido Manini Ríos, líder de uno de sus socios de la coalición, Cabildo Abierto, aseguró que ese sector promoverá nuevamente la discusión sobre la legalización del aborto y la regulación de la marihuana, pero su planteo no parece tener eco en los restantes partidos de la coalición gobernante.
Finalmente, Lacalle Pou se comprometió, tras una reunión con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a continuar con la búsqueda de restos de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar. Tayler, de la INDDHH, destacó la colaboración del gobierno actual en esta materia.