Desde el gobierno de José Mujica (2010-2015) la empresa multinacional Katoen Natie, dedicada a los servicios logísticos y que tiene desde 2001 la concesión de la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo —a través de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que pertenece en 20% al Estado uruguayo—, venía solicitando una extensión del contrato, que finalizaba en 2031. Tras presentar una demanda internacional y plantear un juicio millonario contra el Estado uruguayo, el gobierno actual anunció días atrás que llegó a un acuerdo: la compañía belga invertirá 460 millones de dólares en el puerto y se extenderá la concesión por 50 años más, hasta 2081.
La noticia fue anunciada el martes 2 por el presidente Luis Lacalle Pou al comparecer ante la Asamblea General, y generó en las últimas horas dudas y comentarios críticos desde el Frente Amplio (FA). El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó que “la amenaza” del juicio internacional no es “argumento para ceder poder y el control estratégico de buena parte del negocio portuario”. Además, advirtió por la posibilidad de que Katoen Natie haya hecho el acuerdo pensando en vender su participación.
Según publicó el lunes la diaria, en base a lo dicho por una fuente del sector privado al tanto de las negociaciones, tras solucionar “el tema jurídico” asociado a que Katoen Natie retire la demanda internacional, el gobierno insistió para concretar “una inversión inmediata” en infraestructura, planteando “como contrapartida” la extensión del plazo de la concesión.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, informó la semana pasada al ser entrevistado por En Perspectiva, de Radiomundo, que asistirá al Parlamento para dar los detalles de la negociación y el acuerdo. Comentó que habló con la vicepresidenta Beatriz Argimón para generar una instancia con las comisiones de Transporte de la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Su antecesor, Víctor Rossi, dijo a la diaria que prefiere esperar a esa comparecencia para dar su opinión. “Es una buena noticia en general, pero hay que saber más sobre el contenido”, señaló. Recordó que la extensión del plazo de la concesión había sido solicitado al gobierno de Mujica y cuando ingresó como ministro en 2015 fue “lo primero que analizamos y contesté de forma positiva, para estudiar esa posibilidad”.
Sin embargo, la relación entre Katoen Natie y los gobiernos del FA fue “siempre difícil”, admitió en diálogo con la diaria Juan José Domínguez, exvicepresidente de la ANP. En reiteradas ocasiones, pero especialmente en el último período, la firma belga acusó a las autoridades de tomar decisiones que favorecían a la empresa Montecon, competidora que opera en los muelles públicos del puerto y que en los últimos años la superó en actividad.
“No iba más de la mitad [de la concesión inicial por 30 años] y ya querían otro contrato, que hasta era probable que se les diera, pero no antes” de culminar el vínculo vigente, indicó el exjerarca del ente portuario.
“Dudas y preguntas” de Orsi
“Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo, para poder hacer aportes. Debe ser parte de una política de Estado, una política de gobierno y oposición. Me pareció imprescindible formular de manera pública y transparente estas dudas y preguntas”, expresó Orsi en una carta pública relacionada con el tema de Katoen Natie.
El intendente canario consideró “algo más que llamativo” el monto de 1.500 millones de dólares de la demanda que la multinacional dedicada a los servicios portuarios emprendió contra el Estado por considerar que se incumplió un acuerdo de inversiones entre Uruguay y Bélgica. “Uruguay tiene exitosas experiencias recientes defendiéndose en litigios internacionales millonarios. Philip Morris y Aratirí, fracasaron en su intento de someter a nuestro país. La amenaza a un estado soberano como el Uruguay, practicada en reiteradas ocasiones por la empresa, resulta difícil de asumir como argumento para ceder poder y el control estratégico de buena parte del negocio portuario”, indicó.
Orsi recordó que en el remate de la terminal especializada en 2001 “la compañía belga pagó 17,1 millones de dólares e invirtió 200 millones de dólares”, logrando “ganancias durante 20 años”. Entonces, se preguntó sobre los plazos para la inversión de 450 millones de dólares que haría la empresa según anunció el presidente Lacalle Pou: “Para 60 años de explotación del puerto y, considerando que será necesaria en ese plazo la obligatoria modernización durante ese periodo de los equipos de la terminal, resulta una cifra realmente muy exigua, de apenas 8 millones por año”.
“Los avances tecnológicos en materia logística son vertiginosos, ¿y justamente en el cuello de botella de la entrada y salida de productos, hacemos un acuerdo que impide la sana competencia? ¿Entregaremos la llave de nuestro principal puerto por 50 años sin un llamado?”, fueron algunas de las preguntas que dejó para las autoridades el jefe departamental.
En agregado, el intendente de Canelones citó comentarios del abogado especializado en derecho marítimo internacional Edison González Lapeyre. En diálogo con Informativo Carve, el experto planteó que el acuerdo anunciado por el gobierno tiene “luces y sombras”, y preguntó por qué la rebaja de tarifas a la que se comprometió Katoen Natie no llegó “antes para recuperar las cargas paraguayas” que pasan como trasbordo por Montevideo. Añadió que la extensión de la concesión podría violar el principio de libre concurrencia que garantiza la ley de puertos de 1992.