Pensar en torno al desarrollo, generar nuevas agendas, introducir temas en el debate público. Estos son los objetivos de Siembra, una fundación de raíz progresista que se lanzará después de la semana de turismo. La integran mayormente técnicos que participaron en los tres gobiernos del Frente Amplio, y que hasta la presentación en sociedad de la iniciativa prefieren permanecer en el anonimato.
La fundación será “un espacio de reflexión y un laboratorio” con “un enfoque bien amplio”, explican. Si bien el espacio “tiene una raíz clara” en la izquierda, la idea es que trascienda el progresismo y que se transforme en un espacio de construcción “en el que se sientan cómodos empresarios, trabajadores” y todo tipo de actores sociales.
La idea es investigar y generar reflexión en torno a cuatro ejes: desarrollo humano, desarrollo productivo, desarrollo ambiental y desarrollo político. “Cuando se tengan elementos de capacidad crítica, se van a realizar seminarios, talleres, se va a invitar a jugadores y actores internacionales para discutir y sobre todo para sumar, en esta suerte de competir por la agenda que nos están imponiendo”, explicó a la diaria un técnico que integra la fundación.
El primer documento de este nuevo espacio ya está elaborado; se denomina “A un año de gobierno de Lacalle Pou”. En su introducción, los integrantes de Siembra señalan que “sin insumos, construir opiniones, intercambios y diálogo se torna estéril e improductivo. Es sólo a través de la investigación exhaustiva y el análisis reflexivo que se nutren las posibilidades de construir estrategias nuevas e innovadoras para afrontar los desafíos venideros. Allí se asienta esta iniciativa y desde ese punto es que busca multiplicarse”.
En el documento hacen un balance de la crisis sanitaria, económica y social que afecta al país y de las medidas adoptadas por el gobierno. Sostienen que “los principales indicadores actuales no son para nada auspiciosos, en referencia al crecimiento económico, la pobreza y el desempleo, entre otros”. Ante esta situación, el gobierno decidió “continuar una trayectoria de recorte del gasto público, con el fin de realizar ahorro presupuestal”.
“La absoluta miopía de poner énfasis solamente en el cumplimiento del déficit fiscal, desconociendo otros indicadores realmente relevantes para la economía y la ciudadanía en su conjunto, ha profundizado la crisis social y económica”, cuestionan los técnicos.
Critican que la administración de Luis Lacalle Pou insista en presentar como un logro el ajuste de 660 millones de dólares de los 900 millones prometidos en campaña electoral, un ajuste que afectó las políticas sociales, posicionándose “en contramarcha de las tendencias mundiales”.
“Como si el recorte de 660 millones de dólares en el año 2020 (380 millones en el gobierno central y 280 millones en las empresas públicas) fuera poco, se trata incansablemente de construir un relato positivo. Es injustificable emprender un recorte de esta magnitud en medio de la situación que transitamos, bajo la premisa de que el gasto es excesivo en sí mismo, desconociendo que por cada peso que se recorta se está afectando la vida de las personas e hipotecando el futuro de un país”, advierten.
En las conclusiones del documento, sostienen que un gobierno “que se ha dedicado a recortar presupuesto en políticas sociales, que no compromete inversión pública, que genera sobrecarga en los sectores medios y bajos de la población y que ejecuta todo a contrapelo de las recomendaciones de los organismos internacionales competentes, sin duda hipoteca parte de su futuro”.