En enero de 2020 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) presentó un informe, a pedido del edil del Partido Colorado (PC) de Artigas Francisco Bandera, sobre presuntas irregularidades en la intendencia de ese departamento, encabezada por Pablo Caram (aún en el cargo porque fue reelecto). El informe del organismo señalaba que durante el período anterior se evidenciaba “un notorio incremento en las adjudicaciones realizadas” a las tres empresas analizadas, todas de venta de materiales de construcción: Pedrera del Norte SRL, Prenorte SRL y la unipersonal Jiménez Felice Rodrigo.
En ese momento la Jutep aseguró que había dos funcionarios de la Intendencia Departamental de Artigas (IDA) relacionados con el grupo empresarial al que se adjudicó, entre julio de 2017 y enero de 2020, trabajos que sumados llegaban a casi 150 millones de pesos. Los funcionarios eran Omar Bicera, de la Unidad Proyectos de la IDA, cuyo hermano, Martín Bicera, es socio de Pedrera del Norte SRL. El otro funcionario referido era Emiliano Soravilla, director administrativo y ordenador secundario de Gastos e Inversiones de la comuna, pero que en aquel momento, “por la falta de información proporcionada” por Caram, la Jutep señaló que no pudo saber “si fue o pudo haber sido apoderado de las empresas Rodrigo Jiménez Felice y Prenorte”.
Así las cosas, el 5 de febrero de 2020 aquel informe de la Jutep fue enviado por la Junta Departamental de Artigas al Tribunal de Cuentas para que realizara una auditoría general en la IDA sobre las licitaciones referidas. El dictamen del Tribunal de Cuentas sobre esa auditoría fue redactado el 26 de febrero y no contó con la aprobación de los tres ministros del Frente Amplio (FA) que lo integran.
En las constataciones finales del dictamen se señala que se analizó un total de 35 licitaciones abreviadas y que en ninguna de las 15 de ellas en las que participó Omar Bicera como integrante de la Comisión Asesora de Adjudicaciones se presentó la firma Pedrera del Norte SRL, que está integrada por Martín Bicera y Rodrigo Jiménez. Además, se señala que en base a la información a la que se accedió por medio del Registro Único de Proveedores del Estado, “no surge nada respecto al vínculo entre Soravilla y las empresas referidas”.
Por otra parte, se consigna que a Rodrigo Jiménez Felice se le adjudicaron el mismo día (16 de setiembre de 2016) cinco licitaciones que en total sumaban 19.035.652 pesos, y todas tenían el mismo objetivo: “construcción y/o reparación de alcantarillas”. Ese año, el monto máximo para la realización de licitaciones abreviadas era de 7.585.000 pesos, por lo tanto, “en el caso hubiera correspondido la realización de un procedimiento de licitación pública y no de diversas licitaciones abreviadas, constatándose por tanto un fraccionamiento del gasto que no fue justificado”, conforme a lo que establece el artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad, Administración y Finanzas (Tocaf), dice el informe.
Lo mismo sucede con dos licitaciones adjudicadas el 18 de setiembre de 2017, también a Jiménez, para “el mantenimiento de calles en la ciudad de Artigas”, por un monto total de 15.780.770 pesos, que otra vez excedió el máximo para las licitaciones abreviadas establecido ese año (8.199.000 pesos). Según el tribunal, en ambos casos el gasto “debió ser observado”.
Respecto de Soravilla, que actualmente es director general de la IDA, el dictamen concluye que “en el caso de que efectivamente no haya realizado oportunamente la declaración jurada respecto de que posee carácter de apoderado de Prenorte SRL y de Rodrigo Felice Jiménez”, se estaría incumpliendo con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 30/003, que establece la declaración jurada de implicancias en la función pública.
Quedate en casa
En tanto, en el expediente se consignan los argumentos de dos de los tres ministros del Tribunal de Cuentas integrantes del FA, que votaron discordando con el dictamen de auditoría aprobado. Uno de ellos, Miguel Aumento, señaló que el informe “abunda en datos sobre procesos licitatorios”, pero “sin detenerse suficiente” en lo que hace a las competencias del Tribunal de Cuentas en el marco de una auditoría de cumplimiento. Además, observa que “la mayoría del Tribunal ha descartado el análisis de nada menos que 12 ampliaciones realizadas al amparo del artículo 74 del Tocaf, concretadas en el período especificado”.
A su vez, el ministro Enrique Cabrera también señaló que la auditoría no se cumplió “en su totalidad”, ya que la mayoría del tribunal descartó el análisis de las 12 ampliaciones. Además, dijo que “no son de recibo” las excusas sobre “limitaciones al alcance de trabajo porque en el período de afectación por la pandemia no sufrieron alteraciones las comunicaciones y los soportes tecnológicos”.
En efecto, en el expediente se señala que la pandemia fue “una limitación” al dictamen, porque obstaculizó “el envío de un equipo auditor presencial a la Intendencia de Artigas”, y debido a eso es que “se limita a examinar y extraer conclusiones respecto a la información documental en fotocopias que ha sido recepcionada”.
“Por otra parte, se constata que no se adjuntaron la totalidad de las ofertas presentadas en los procedimientos licitatorios”, establece el expediente al describir otra de las “limitaciones” de la auditoría.