El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió la acusación contra los altos mandos de Carabineros por la represión desatada durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en Chile en los últimos meses de 2019.
La demanda fue presentada por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile y el equipo jurídico del espacio Londres 38, un sitio de memoria que agrupa a diversas organizaciones sociales, en cuya dirección funcionó un centro de detención clandestino durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La querella fue presentada el 19 de abril. En un comunicado publicado en su sitio web, la abogada de Londres 38 Karinna Fernández señalaba que se logró identificar “un entramado macro criminal que tiene que ver con la existencia de patrones que vimos repetirse otra vez en las calles” y que parte de la posibilidad de presentar esta denuncia se debe a que durante las protestas, que comenzaron el 18 de octubre de 2019, se realizaron informes periódicos que registraban las denuncias de violencia por parte de Carabineros contra los manifestantes.
La denuncia destaca que “estos actos, lejos de poder describirse como hechos aislados, obedecieron a una práctica generalizada, ordenada, consentida y conocida por los mandos estratégicos y operativos de Carabineros, quienes, pese a tener conocimiento por fuentes internas y externas de los apremios cometidos por sus subordinados y de la lesividad de las armas utilizadas, no impidieron y no hicieron cesar la aplicación de dichos apremios ilegítimos, teniendo la autoridad necesaria y estando en posición para hacerlo”.