La Coordinadora de Cannabis del Uruguay, integrada por autocultivadores, clubes de cannabis, asociaciones de pacientes y familiares, empresas, adquirentes de farmacia, investigadores y organizaciones sociales, pide a “apego a la legalidad”, por parte del sistema judicial y político, y respeto a la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).
“Somos 60.000 personas que no tenemos nada que ocultar, estamos registrados como usuarios de cannabis, la ley nos dio esta potestad”, señalaron en un comunicado en el que expresaron su preocupación por la actuación del Ministerio del Interior, a quien acusan de cometer atropellos y buscar modificar sin fundamentos legales los derechos adquiridos.
“Han ocurrido procedimientos con prepotencia y sin órdenes de allanamiento, cometiendo otras irregularidades. El IRCCA [Instituto de Regulación y Control del Cannabis] tiene sus mecanismos a los que adherimos”, señalaron. Además sostienen que la interpretación que están realizando varias fiscalías y el Ministerio del Interior constituye una criminalización de los autocultivadores, que cuestiona el principio de inocencia.
“Las familias que necesitan cannabis para frenar los síntomas de los suyos (...) los autocultivadores, los clubes de cultivo y las empresas no tenemos nada que ocultar, estamos aquí (..) seguiremos trabajando con el Estado y movilizándonos para garantizar la transparencia y la seguridad”, agregaron.
Además, reclamaron la reglamentación de la ley 19.847 para acceder con garantìas al cannabis medicinal y productos del cannabis, y la conformación del Consejo Honorario Asesor del Ircca, como ámbito legítimo de diálogo, resolución de conflictos y construcción de política pública entorno al cannabis. “Le pedimos a todo el sistema político y judicial señales claras y contundentes de su apego a la legalidad”, señala el comunicado.
En diálogo con la diaria, Juan Manuel Varela, de la Asociación de Grow Shops y Comercios Afines, señaló que desde la coordinadora se está pidiendo a los autocultivadores que se registren “para evitar problemas”. “Tratamos de impulsar el registro porque es con lo único que nos podemos defender”, señaló.
Varela dijo que las interpretaciones de la ley del Ministerio del Interior y de la Fiscalía llevan “un trasfondo prohibicionista que criminaliza a los usuarios y a los cultivadores” y si bien reconoció una mayor sintonía con la política de la Secretaría Nacional de Drogas, señaló que se necesitan garantías institucionales que trascienden la visión de las autoridades de turno.