El gobierno de Alberto Fernández decidió que el Estado argentino actuará como querellante en una causa judicial que investiga si el gobierno de Mauricio Macri cometió delitos en su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se indaga, según la denuncia, si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
Un decreto de Fernández y su equipo económico conocido este viernes dispone que el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zanini, se encargue de la representación del Estado en esa causa, que está a cargo de un juzgado federal penal, informó la agencia de noticias Télam. Recordó que el presidente, durante su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, calificó ese endeudamiento como “la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
El decreto, además, encarga a la Sindicatura General de la Nación que determine si hubo un perjuicio económico para el Estado, generado por “el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada”, en el marco de ese acuerdo de 2018. Si lo hubo, deberá determinar también a cuánto asciende.