El martes 30 de marzo, el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, pidió en una entrevista con el canal 12 suavizar el tono de la discusión social y política que venía imponiéndose en el país respecto de la pandemia: “Tenemos que bajar la agitación. Estos momentos para la nación son momentos que requieren de la máxima calma. Es un problema de todos y todos tenemos que ser parte de la solución. De nada sirve el ruido y definir puntualmente quién le ganó a quién en la discusión, acá hay un tema sanitario real y la verdad es que los casos siguen en aumento”.
Ese día se confirmaban 25 fallecimientos por covid-19, una cifra récord a ese entonces, y 2.877 casos: 1.664 nuevos y 1.213 reportados de días anteriores. Pero la escalada no era sólo viral; como advirtió Radi, el nivel del debate por las medidas del gobierno frente a la pandemia venía tensionándose.
Tres días antes, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y varias sociedades científicas y médicas habían dado a conocer una carta en la que pedían medidas que restringieran la movilidad de la población, para evitar la “catástrofe sanitaria inminente”, en la que se hablaba de saturación de camas de CTI, de equipos de atención ambulatoria y de la capacidad de testeos.
A los dos días, en la red social Twitter se viralizó el hashtag #sindicatodelmiedo. El motivo fue que se había hecho viral un video en el que se recomendaba a profesionales de la salud que se filmaran en un video guionado, diciendo que la situación por la pandemia era “realmente crítica” a nivel de camas de CTI. El presidente del SMU Gustavo Grecco, reconoció a la diaria que estos videos habían sido definidos por el Comité de Emergencia Sanitaria del gremio con el objetivo de “sensibilizar” y lo que se daba era una serie de recomendaciones para realizarlo, pero la intención no era “desestabilizar”. Esto no evitó las incontables críticas que llegaron desde el Partido Nacional (PN). “Lo del sindicato médico es gravísimo. Hacer una teatralización de situaciones, nada más ni nada menos que los médicos, es una cuestión de toda gravedad”, dijo el senador Sergio Botana. Tras estos hechos, en filas frenteamplistas denunciaron una campaña de desprestigio a los profesionales de la salud.
En medio de toda esa discusión, el presidente Luis Lacalle Pou hizo su aporte y dio a entender que abrir un espacio de diálogo con la oposición y organizaciones sociales para afrontar la situación del país no estaba entre sus prioridades. “¿El diálogo social para qué es? Las respuestas las da el gobierno, las dan el Parlamento y las intendencias. Nosotros tenemos diálogo con el Congreso de Intendentes o con el Parlamento”, sostuvo el 29 de marzo.
Sin embargo, en el Parlamento las gestiones opositoras para un espacio de esas características dieron sus frutos. Tras casi cuatro meses de insistencia, el Senado aprobó el martes la creación de una comisión interpartidaria para analizar la situación de la pandemia y brindar insumos para enfrentarla. En la sesión muchos fueron los mensajes de unidad en el sistema político y se reiteró varias veces la frase “de esta salimos todos juntos”.
Dicho mensaje bajó las tensiones, pero no sería suficiente. Por esas horas, el diputado opositor Felipe Carballo (lista 711) hizo un planteo que tampoco fue bien visto en filas oficialistas: le pidió la renuncia al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tras conocerse las decenas de muertes en un hogar de larga estadía para adultos mayores en Fray Bentos. Después de ese hecho, el resto del Frente Amplio (FA) no tardó en desmarcarse y dijo que se trataba de una postura personal y un infortunio.
Cuando las aguas parecían haberse calmado entre el oficialismo y la oposición, quien volvió a echar nafta al fuego fue Lacalle Pou, que el miércoles, en una entrevista con el diario argentino La Nación, dijo que al gobierno le costaba relacionarse con el FA “porque es muy difícil saber qué es el FA y quién es el FA”. El presidente de la fuerza política, Javier Miranda, le dedicó un video de tres minutos para responderle en el que le pidió “respeto” en tono severo.
Y el viernes la última gota la aportó el secretario político del FA, Rafael Michelini, quien sostuvo en una entrevista con Caras y Caretas que de no aplazarse la fecha de entregas para el referéndum contra la ley de urgente consideración se producirán aglomeraciones en la recolección de firmas. “Actuará la Policía y nos pondrán presos”, dijo Michelini, que advirtió que en ese caso “vamos a salir a los barrios” a juntar firmas, y eso implicará aglomerarse. Muchos legisladores del FA se desmarcaron de sus dichos, y horas después se anunció su salida de la Secretaría Política del FA.
Los pases de factura
El tinte de la discusión, en un contexto marcado por la situación dramática de la pandemia, adquiere un tono más intenso, interpreta el politólogo Daniel Chasquetti. “Hay una parte del público que pide al gobierno medidas y otra parte que dice que no son necesarias y les echa la culpa a las movilizaciones”, resume.
Un fiel representante de una de esas visiones es el senador nacionalista Sergio Botana, que acusa al FA de “hacer política con un tema con el que no debe hacerse política”, y considera que por un lado el FA pide “restringir la posibilidad de aglomerarse”, pero también “convoca marchas”, por lo que busca “sacar réditos políticos”.
El también senador nacionalista Gustavo Penadés criticó al FA, pero desde otra óptica: dijo que a él a finales del año pasado, cuando los casos ya venían creciendo, le hubiera gustado que la oposición cerrara filas con el gobierno. “Estaban trampeados en esa cosa contradictoria de bajar la movilidad, pero a la vez acompañar cuanta movilidad había”, dijo. Penadés entiende el pedido de diálogo del FA, pero sostiene que la actitud de la oposición el año pasado no fue constructiva. Ahora, afirma, “todo el mundo debería estar convocando a blindar abril, evitar las aglomeraciones y concurrir a lugares públicos”.
Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo a la diaria que ante un tema “polarizante”, como es la pandemia, la oposición por momentos termina siendo más destructiva que constructiva. “Algo que hay que tener en cuenta es que un gobernante no puede mirar los fenómenos sociales desde una sola óptica; hay que ponderar aspectos sanitarios, sociales, salud mental, cuidados, aspectos económicos y sus incidencias. Pero plantear una dicotomía basada en un aspecto de la pandemia creo que no es la mejor base”.
En filas opositoras, el senador Charles Carrera entiende que el gobierno se niega a dialogar en la “peor fase” de la pandemia. “Hemos hecho muchas llamadas a diálogos nacionales. Más señales de distensión política no podemos dar”, asegura, a la vez que sostiene que desde el oficialismo hay actores que tienen una “política constante de fomentar la grieta”.
Esta tesis es también sostenida por la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. “En algunos actores de la coalición hay un afán muy confrontativo y de querer ningunear al FA”. Para la senadora, el FA ha insistido con planteos de un gran acuerdo nacional y ha hecho muchas propuestas al gobierno, pero Lacalle Pou decidió “guardarlas en un cajón”.
La comisión que se conformó en el Senado podría descomprimir la tensión, pero el FA aspira a tener mayor llegada con Lacalle Pou y la comunicación con el presidente no fluye. Apenas si hay contacto con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien siempre fue la figura más “dialoguista” del entorno del presidente, desde antes de que el PN accediera al gobierno.
En el Parlamento las figuras más cercanas al presidente son las identificadas en el FA como menos proclives al diálogo y más confrontativas. Entre ellas se encuentran los senadores Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, quien no ocultó su “escepticismo” durante la votación de la comisión especial para la pandemia. Así, el principal choque está dado entre la oposición y la fracción más “herrerista” del gobierno, especialmente la integrada por la lista 404, que el propio Lacalle Pou lidera. En un segundo plano quedaron el resto de los partidos de la coalición gobernante.
Del lado oficialista también consideran que hay legisladores frenteamplistas que personalmente actúan de una forma, pero en las redes se comportan de una manera notoriamente más confrontativa. En esa lista están los comunistas Óscar Andrade y Gerardo Núñez, y el senador del MPP Alejandro Sánchez.
Grieta: sí o no
Argimón cree que hay temas que son más polarizantes que otros, pero evita hablar de que exista una “grieta”: “Una cosa es una brecha y otra es una polarización. Las brechas son divisiones muy difíciles de recomponer. No siento que haya esas brechas de las que no se puede volver, pero sí veo escenarios muy polarizados, amplificados por las redes sociales”.
En ese marco, Kechichian asegura que el presidente “no ha ayudado mucho”. “Pensé que iba a jugar otro papel. Como ministra había tenido siempre buen diálogo con él, pero algunas de sus declaraciones no ayudan”, sostuvo.
Penadés, en tanto, cree que no hay ni grieta ni polarización, pero sí “ruido”, amplificado por las redes sociales, mientras que Botana interpreta que el único problema es que el FA “no encuentra el rumbo”.
Para Chasquetti un escenario de polarización “no significa algo malo”, ya que todo debate político genera diferentes puntos de vista, aunque también identifica cuándo la cosa deja de ser sana: “El tema es cuando se agrupan sólo dos bandos y no dialogan entre sí, que no se generen intercambios que produzcan resultados mejores”.
Otro politólogo, Adolfo Garcé, considera que hay responsabilidades “compartidas” en ambas partes, y que ni el gobierno ni la oposición parecen tener una “vocación genuina de diálogo”. “La tónica general es el conflicto y el pase de facturas. Competencia no falta y es muy importante. ¿Podría haber algo más respirable? Soy de los que piensan que sí”.
Si bien Garcé asegura que el exceso de conflicto lleva a una crisis de legitimidad, porque “cansa a la gente”, el “consensualismo extremo también” lo hace, y ahí es donde debe haber un equilibrio. “Ahora estamos muy corridos hacia el conflicto y podríamos estar algo más cercanos al polo del diálogo”, grafica. A pesar de esta situación, el politólogo considera que existen algunas “señales puntuales de diálogo” entre ambas partes.
Para Chasquetti esas señales deberían aprovecharse por parte del gobierno. “El FA ofreció un espacio de diálogo y eso debería tomarlo el gobierno, que va a estar muy castigado si no toma medidas y las muertes siguen creciendo. Me parece que va a perder mucho apoyo en la opinión pública, pero no veo señales ni ganas de dialogar. Pensé que el gobierno, como le había ido bien al principio de la pandemia, no quería compartir con el FA el crédito, pero ahora que las cosas están mal, hay más razones”, razona.
2002 versus 2021
Los protagonistas coinciden en que el país no vivía horas tan críticas desde 2002. A diferencia de lo ocurrido en Argentina, Uruguay en ese entonces superó su peor crisis económica de los últimos años sin haber atravesado una crisis institucional, y hay consenso en que hubo alguien que facilitó todo eso: el exsenador y exministro de Economía Alejandro Atchugarry.
“Cuando realmente el país tocó fondo, apareció Atchugarry y logró tender puentes, con Juan José Ramos, con [Danilo] Astori, y se logró construir una salida desde el Senado ejemplar”, recuerda Garcé.
Para Chasquetti, Atchugarry, con su capacidad de diálogo y el respaldo político que había generado, se convirtió en una figura de “mucho peso”. El problema, añadió, es que hoy no existe una figura de esa magnitud. “Lo que más se acerca a Atchugarry es el GACH, pero no tiene ese respaldo político”, expresó.
También hay diferencias respecto de aquel momento, principalmente por el lado del gobierno. Chasquetti asegura que en aquel entonces el Ejecutivo encabezado por Jorge Batlle “estaba muy atemorizado” y “reconocía sus debilidades”, mientras que ahora la actual administración tiene un “respaldo relevante”.
El FA, a su vez, se encuentra en una situación distinta a la de 2002, agrega Chasquetti: “Aquello era un conflicto distributivo socioeconómico y esto es una situación sanitaria. Era una crisis regional y era más fácil darle la responsabilidad al gobierno. Ahora venimos de un escenario muy distinto, pasamos de un año en que no pasó nada a ser el primer país del mundo en contagios, pero eso mismo tal vez le impida al FA hacerle pagar la situación al gobierno: pueden acusarlo de hacer política con las muertes, y nadie quiere tener esa acusación en contra”.