El Río de la Plata está calmo, pero en la playa de Pajas Blancas y La Colorada el ambiente está tenso. El 28 de febrero el Ministerio de Ambiente autorizó la “colocación de un alambrado perimetral” en un padrón rural ubicado dentro de la faja de defensa de costas y de los humedales de Santa Lucía, área protegida. El terreno, denominado Chacra Bilu, se dedica a la producción y distribución de hortalizas y semillas. Según la Dirección Nacional de Catastro, el padrón cubre la superficie de la faja costera y tiene una dimensión de ocho hectáreas. El alambrado que impide el paso por la playa está sostenido por siete columnas paralelas, en las que se pueden ver carteles con la inscripción “zona protegida: humedales Santa Lucía” y “propiedad privada”. Sobre uno de los árboles del predio hay una cámara de videovigilancia.
En la resolución ministerial se enuncia que el proyecto “no interferirá con ninguna de las medidas de protección definidas para el Área Protegida y no producirá efectos negativos para la configuración o estructura de la costa”. Se estipula que el dueño del predio, luego de la instalación de la valla, “deberá procurar que todo el entorno del sitio a utilizar quede en las mismas o mejores condiciones anteriores, incluyendo si es necesario, la recolección de residuos”.
Rosario Lucas, gerenta del Área de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo a la diaria que este tipo de proyectos requiere una autorización ambiental. “Se comienza el trámite, el titular presenta el proyecto, se evalúa técnicamente, luego se hace un informe técnico de evaluación y si la conclusión prevé que no va haber una afectación, se eleva al ministro para que otorgue la autorización”, indicó.
Lucas expresó que “no hay ningún impedimento, desde el punto de vista legal, para que un propietario de un padrón pueda poner el alambrado” y la autorización es al “proyecto, pero antes de que se implemente”. “El tema de márgenes sobre la costa del Río de la Plata y el océano Atlántico está normado en el Código de Aguas: se establece que el propietario de un padrón rural tiene que dejar una faja de servidumbre entre la línea de máxima ribera del río hacia adentro del territorio de tres a diez metros”, marcó. Según detalló, el proyecto se comprometió a dejar una faja de tres metros desde la línea de máxima ribera, que se realiza con base en un promedio de la línea de la costa en los últimos 20 años. Manifestó que el área es rocosa, por lo que los tres metros podrían estar en ese punto. También informó que en el Ministerio de Ambiente no ha ingresado ninguna denuncia formal sobre este proyecto, pero que está dentro de las actividades de seguimiento de la administración. “Nosotros estamos sacando resoluciones todo el tiempo, muchísimas; obviamente, el ministro lo que hace es tomar como referencia el asesoramiento técnico de quienes hacen los informes, él no evalúa”, agregó.
Foto: Alessandro Maradei
El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, respondió en Twitter al usuario @IntDepMvd una publicación que hizo referencia al cerco. “Estimados, sólo a modo de información y dando por descontado el error es involuntario. No conozco proyecto alguno en este lugar, por lo que mucho menos contaría con mi aval, NO lo tiene. Tampoco podría el Ministro dar un aval, eso es una cuestión técnica”, comentó.
El director de Planificación de la Intendencia de Montevideo (IM), el arquitecto Luis Oreggioni, declaró que para la IM la obra está detenida desde el 8 de abril por una actuación de la Policía territorial. Esta medida fue comunicada al propietario del predio y tomada con base en aspectos de la propia construcción. “No es el alambrado que corresponde a zonas rurales y también ha habido ciertos impactos físicos que dañan la costa, que es sensible”, señaló.
El arquitecto planteó que existen “muchísimos predios que llegan hasta la costa que no están urbanizados tanto en Montevideo como en toda la costa del Uruguay”. “Cuando tenés un territorio como en el departamento de Montevideo, que tiene un cinturón de playas, si bien la propiedad es privada, igualmente el derecho de circulación por la costa es un derecho que debe ser protegido”, expresó. Oreggioni dijo que estos territorios son de múltiple jurisdicción y agregó que “la tendencia es que los actores actúen coordinados”.
También se consultó a Oreggioni sobre si la legislación actual no prevé este tipo de acciones. “No hay una competencia para decir ‘esto que hizo otro organismo o este privado es ilegal’”, respondió. “Las actuaciones, hasta donde podemos ir de acuerdo a las interpretaciones jurídicas que tenemos, las hacemos cuidando al máximo la condición democrática y libre del acceso a la costa”, afirmó, y sumó que “si tuviéramos un artículo de prohibición de cercar, lo cumpliríamos”.
Foto: Alessandro Maradei
¿Propiedad privada o libre acceso a las costas?
José Luis y Raúl López, dos hermanos que se encontraban pescando el miércoles en el lugar, tenían a su lado la valla, pero estaba con alambres cortados. José Luis tiene 71 años. Contó que son oriundos de la zona y desde pequeños frecuentan la playa en Pajas Blancas y la Colorada. “Hay algo que nos irrita y es que alguien se quiera quedar con lo que es de todos, la costa es del Estado y el Estado es la gente que vive en Uruguay”, explicó. Minutos más tarde de haber comenzado la entrevista con los hermanos López se acercó Marcelo Cipolina, uno de los dueños de la propiedad. “La Ley de Aguas dice que la costa es de libre circulación, pero no es pública, que sea público quiere decir que el predio es estatal, después la costa de nuestro país es de libre acceso”, exclamó. Debido a los daños en el alambrado, Cipolina llamó al 911 y se comunicó directamente con el subcomisario de Santiago Vázquez. Minutos más tarde se presentaron integrantes de la Prefectura Naval y de la Policía Rural.
Cipolina planteó que le parece importante “el orden”. “El que pueda pasar va a pasar por las piedras; no podés entrar con un auto o una moto por arriba de las piedras, pero los pescadores viven caminando arriba de las piedras y van a pasar sin problema”, indicó, y agregó que les “encanta” que la gente pesque “porque te cuidan el predio”. Dijo que no tiene un presupuesto para contratar un guardaparques y por esta razón sólo puede dejar entrar a “la gente de a pie”.
Se produjo un intercambio entre los hermanos López y Cipolina que duró aproximadamente 40 minutos. “Sería interesante saber quién le firmó ese permiso, porque esto es del Estado. ¿Usted puede alambrar y quedarse con la costa?”, preguntó Raúl López. La Prefectura Naval y la Policía Rural abandonaron el lugar y los vecinos enfatizaron en que se iban a “empezar a mover, porque se quieren quedar con todas las playas del oeste”.