La bancada de diputados del sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) remitió un proyecto de ley al Parlamento que propone la creación de un Consejo de Laicidad encargado de velar por el cumplimiento de este principio constitucional en las instituciones educativas públicas. El organismo tendría competencia para elaborar dictámenes, evaluaciones y recomendaciones; realizar y recibir denuncias vinculadas a posibles violaciones de este precepto; proponer “medios correctivos” e incluso disponer suspensiones con carácter cautelar de aquellos actos en los que exista una afectación a estos principios, hasta que la autoridad competente adopte una decisión.
Esta iniciativa integró el programa de gobierno del PC en las elecciones de 2014 y es una adaptación, con pequeñas modificaciones, del proyecto presentado por el exsenador colorado Pedro Bordaberry en 2015. En la elaboración de ese proyecto participó el actual presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, cuando se desempeñaba como asesor de la bancada de Vamos Uruguay. La diferencia que tiene el proyecto actual con el original es que excluye del ámbito de aplicación a las instituciones privadas, que en la redacción de Bordaberry también tenían representación en el Consejo.
El proyecto se compone de 13 artículos en los que se desarrolla la integración, las competencias y el funcionamiento de este órgano, que se conformaría como persona jurídica de derecho público no estatal, vinculado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También se dispone que funcionará “en forma autónoma con independencia técnica y funcional”, y estará integrado por tres miembros: uno designado a propuesta del MEC, que lo presidirá; uno a propuesta de la ANEP y uno a propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, “preferentemente un integrante del Instituto de Derecho Constitucional”. Serían designados por cinco años, con posibilidad de reelección por única vez, y con previa venia de la cámara alta.
En el documento se establecen las competencias del Consejo de la Laicidad. La primera es la elaboración de dictámenes, evaluaciones y recomendaciones “tendientes a preservar, en el ámbito del Estado, la aplicación de los derechos consagrados” en los artículos 5 (neutralidad del Estado en materia religiosa), 29 (libertad de comunicación), 58 (neutralidad política de los funcionarios públicos) y 68 (libertad de enseñanza, preservación de la higiene, moralidad, seguridad y orden público) de la Constitución de la República.
También competerá al Consejo la “sustanciación de denuncias sobre las violaciones de la laicidad en dependencias públicas, con particular prevención en el caso de que los destinatarios sean menores estudiantes que asisten a centros educativos”, pero se resalta que las resoluciones de este organismo “tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales, por lo que tampoco inhibirá los procedimientos que correspondan en dichos ámbitos”.
El Consejo podrá proponer “medios correctivos tendientes a evitar las conductas que se consideren indebidas en el marco de los derechos y valores sustentados y protegidos por esta ley, así como en toda normativa complementaria y concordante con la presente”, y emitir “dictámenes, conclusiones o recomendaciones de oficio o a pedido de las entidades públicas” ante situaciones específicas. En caso de que el acto denunciado como indebido persista, el Consejo de la Laicidad “estará facultado a disponer su suspensión, con carácter cautelar hasta tanto la autoridad con competencia adopte decisión y la comunique a este”.
“En ejercicio de sus funciones”, el Consejo estará facultado para efectuar, con o sin previo aviso, “visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso”; “entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos, recabar declaraciones o emplear cualquier tipo de medio pertinente, siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas”; y “solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de estos”.
Schipani: autoridades anteriores fueron “omisas” en temas de laicidad
El diputado colorado Felipe Schipani, uno de los impulsores del proyecto, dijo a la diaria que la reelaboración de la iniciativa “no obedece a la coyuntura del momento”, sino que, “para los colorados, la laicidad siempre fue un tema de primer orden, y ya era preocupante en 2014 cuando surgió la iniciativa, lo era en el período pasado cuando Bordaberry presentó el proyecto y lo sigue siendo ahora”.
Para el legislador, “la diferencia” en lo que refiere al contexto histórico “está en que algunos temas vinculados a la violación de la laicidad han tenido cierto destaque en la opinión pública [recientemente] porque las autoridades de la educación han actuado, han recibido las denuncias y han investigado, que es lo que antes no se hacía”. “Las autoridades de Secundaria de los últimos períodos fueron omisas en el tema de la laicidad”, aseguró.
En cuanto a las diferencias de alcance respecto del proyecto anterior, Schipani señaló que se basan en que “la laicidad refiere al Estado” y no al ámbito privado. “El ámbito de aplicación normativo de la laicidad está circunscrito al Estado, por eso le hacemos esa modificación. No hay competencias jurídicas para actuar en la educación privada”, explicó.
“Inquisición burocrática”
“La Inquisición burocrática avasallando la autonomía de ANEP”, escribió en su cuenta de Twitter el maestro y exconsejero de Primaria Héctor Florit en referencia al proyecto de ley. En diálogo con la diaria profundizó en las críticas a la iniciativa, que consideró innecesaria en virtud de los mecanismos que ya existen en lo que hace a la observancia de la laicidad.
Florit sostuvo que la integración mayoritaria del Consejo “depende del gobierno de turno” y opinó que la creación de un órgano de este tipo implicaría “la instalación de un régimen de vivir bajo sospecha; poner un manto de duda sobre una profesión o una actividad que hoy está siendo muy tensionada por la pandemia”. En su opinión, “respaldar explícitamente a la profesión [docente] tendría que ser una preocupación de todos los sectores políticos, y confiar en que las autoridades institucionales del Estado -la ANEP y los controles parlamentarios- tienen instrumentos y competencias para salvaguardar cualquier avance proselitista”.
Florit consideró que la potestad de suspender actividades o eventos “implica un grosero avasallamiento de competencias legales y constitucionales de los organismos”, y que esta “superestructura burocrática” entraría en “una contienda de competencias con el organismo autonómico”. Finalmente, sostuvo que su funcionamiento podría generar “un sistema de delación que agravia las garantías del funcionamiento del Estado, como si fuera un tribunal de Inquisición”. “La vivencia de la dictadura con las categorías A, B y C, con docentes denunciados sin saber quién efectuó la denuncia y la veracidad de las denuncias, a los docentes veteranos nos pesa como una sombra”, reflexionó.
Críticas de varios frentes
La propuesta cosechó cuestionamientos desde dentro y fuera de la coalición multicolor. El diputado frenteamplista Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación de la cámara baja, señaló que el tema se va a analizar en una reunión de la bancada del miércoles, pero adelantó que en lo personal no acompaña el proyecto, que, en su opinión, “busca la autocensura” de los docentes. “Bajo el argumento de la laicidad se está dando un proceso de persecución a los docentes, en particular ahora con la campaña de la LUC [ley de urgente consideración], pero en general culpándolos de diferentes situaciones”. Para Sabini, “sería un consejo no de laicidad sino de censura”.
En tanto, desde filas nacionalistas, el diputado Rodrigo Goñi consideró que esta iniciativa supone un “retroceso al siglo XIX” por tratarse de un órgano con “funciones de Policía administrativa” que establece “qué se puede decir y qué no” y se “arriesga innecesariamente” a “violentar los derechos fundamentales que están en la base del artículo 5 de la Constitución”. En diálogo con la diaria, el legislador se manifestó contrario al proyecto “precisamente para proteger la laicidad”. “En el mundo cuando se instalan este tipo de mecanismo terminan limitando las libertades, siempre”, advirtió, y calificó el instrumento como “innecesario, inconveniente e inadecuado en función de lo que se quiere lograr”.
Uno de los mayores riesgos que visualiza Goñi refiere a la libertad religiosa y la libertad de expresión, en el entendido de que “la laicidad tiene que entenderse de una forma propositiva y positiva: lo religioso es una dimensión de la humanidad, no hay que cancelarlo”, argumentó. Asimismo, consideró que “no es una cuestión urgente” porque puede “haber algunos casos excepcionales” de violación de la laicidad, “pero en la sociedad uruguaya ese principio está profundamente aceptado”. “Los mecanismos están, para los desvíos que en todos los órdenes de la vida se dan. Pero cuando proponés un remedio que puede ser más grave que la enfermedad hay que sopesar y medir los efectos, que en este caso serían graves”, apuntó.
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, informó que el sindicato remitió el proyecto a un grupo de asesoramiento integrado por investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para tener “una visión lo más abarcativa posible” de la iniciativa antes de dar una opinión. “La mirada jurídica y de políticas educativas es clave sobre este proyecto, porque, además, no podés desmembrar este proyecto de lo que es la LUC y sus modificaciones del sistema educativo y el propio contexto político”, resaltó.