El senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, y varias organizaciones civiles, como la plataforma Temblores, presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un documento en el que denuncian al Estado colombiano por delitos cometidos durante la represión a manifestantes en el marco del paro nacional. En el texto, pidieron que la CPI investigue estos crímenes, cometidos a lo largo de las protestas que comenzaron el 28 de abril.
Solicitaron a esa corte que aplique la jurisdicción internacional porque “el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara [de Diputados] y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”.
Los denunciantes agregan que cuentan con “evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”, según informó el diario colombiano El Espectador. Señalan que se documentaron 1.595 delitos, y enumeran “24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular”.
Por todo esto, solicitan que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, visite Colombia y pida más información sobre estos hechos. “Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales”, afirman.
La Fiscalía General de Colombia informó que tiene reportes de 34 homicidios cometidos desde el 28 de abril. De estos delitos, señaló, 14 se vinculan con las manifestaciones, diez no tienen relación con ellas y en otros diez casos no se determinó todavía si existe o no un nexo. “Tenemos cuatro homicidios esclarecidos. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades. Tres fueron cometidos por policías en el marco de las protestas”, informó el jueves el fiscal general, Francisco Barbosa, de acuerdo con la agencia Efe. Agregó que se identificó también al responsable del cuarto de esos homicidios, cuya víctima fue un policía que murió acuchillado en Soacha, cerca de Bogotá, cuando intentaba frenar un saqueo.
Según la Defensoría del Pueblo, los homicidios denunciados hasta ahora son 42, y sólo uno de ellos tiene como víctima a un integrante de las fuerzas de seguridad estatales. A su vez, Duque dijo que se iniciaron 65 acciones disciplinarias contra funcionarios por distintas conductas, entre ellas el abuso de autoridad y la agresión física contra manifestantes.
Los pedidos de que el gobierno de Duque frene la violencia policial contra quienes participan en las protestas no llegan sólo desde la sociedad civil colombiana. La Organización de las Naciones Unidas, gobiernos de distintos países, así como la Unión Europea pidieron varias veces al Ejecutivo colombiano que garantice el derecho a protestar sin violencia y que castigue a los funcionarios que cometieron delitos contra la población civil.
En ese contexto de crisis, el jueves presentó su renuncia al cargo la canciller Claudia Blum. La ministra envió una carta dirigida al presidente en la que anuncia su dimisión, sin dar razones para esta decisión. Tampoco el gobierno explicó su salida. Antes que Blum, había dimitido el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la reforma tributaria contra la cual se organizaron las primeras movilizaciones.
Este jueves el alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, llamó al Comité de Paro que impulsa las protestas a volver a negociar con el gobierno de Duque. El lunes las dos partes se reunieron en la residencia presidencial en Bogotá, pero el encuentro terminó sin resultados positivos. Ceballos dijo que el diálogo es urgente y pidió al comité “una respuesta inmediata”. Sin embargo, durante la semana pasada el gobierno se reunió con sectores empresariales, algunos partidos opositores y autoridades de universidades, antes de dialogar con los sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales que convocan a las manifestaciones.