La posibilidad de una interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por las condiciones en las que alcanzó un acuerdo para la extensión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 empezó a cobrar fuerza en el Frente Amplio (FA), e incluso hay quienes manejan esa idea como un hecho, según supo la diaria a través de fuentes de la oposición, aunque todavía no se manejan fechas.
Si bien todavía no hay una definición respecto de qué camino se seguirá a nivel parlamentario en la bancada frenteamplista, en lo que no hay disenso es en la “insatisfacción” con las respuestas brindadas por Heber en las varias consultas que se le han planteado por el contrato con la empresa belga, que incluso generó algún reparo en filas de la coalición, concretamente en el Partido Colorado y en Cabildo Abierto.
El senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio dijo a la diaria que, si bien la posibilidad de la interpelación “está abierta” y no decidida, “se viene avanzando en esa dirección porque no se encuentran respuestas” en los ámbitos que se han conformado hasta ahora para acceder a la información”. Según indicó el legislador, últimamente “ha habido mucho intercambio” sobre este tema “entre un grupo de legisladores [del FA] y de técnicos” que comparten una “honda preocupación y discrepancia con las decisiones adoptadas por el ministro Heber, que no tienen fundamento jurídico y que lesionan la economía y la soberanía”.
Rubio señaló que Heber ya concurrió dos veces a la Comisión de Transporte del Senado, así como el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y “resulta muy claro que desde el punto de vista jurídico son insostenibles los decretos firmados por el Poder Ejecutivo”, que extienden la concesión de Katoen Natie y priorizan la actividad de Terminal Cuenca del Plata en la operativa de contenedores, en desmedro de Montecon. “No se justifican, no tienen fundamentos y se contradicen con los marcos jurídicos vigentes. No tiene base desde el punto de vista jurídico, va a ser impugnable y va a llevar a juicios contra el Estado uruguayo”, afirmó.
Para Rubio, el Poder Ejecutivo se “cubre” con el “paraguas” de la “demanda disparatada” de 1.500 millones de dólares que la empresa amenazó con emprender contra el Estado uruguayo, la cual “no es tal porque nunca se planteó”. “Desde el punto de vista económico, es un conjunto de concesiones que son lesivas para los intereses del país, y desde el punto de vista de la soberanía es muy malo. No tiene viabilidad y no creo que la coalición lleve adelante un proyecto de esta naturaleza”, opinó Rubio, y consideró que una demostración de esto es el pedido del PC de “blindar” el contrato por ley.
En tanto, el senador socialista Daniel Olesker afirmó que hay acuerdo en el FA en cuanto al descontento generado por las explicaciones que ha brindado hasta ahora el titular de Transporte, y señaló que “parece claro que si las respuestas siguen siendo insuficientes”, los “dos caminos” son la convocatoria a la Asamblea General o la interpelación. Olesker también aclaró que no se ha “afinado cuándo hacerlo”, pero consideró que difícilmente haya desacuerdo en la bancada de la oposición, “porque es un convenio malvado y las explicaciones no fueron para nada satisfactorias”. “Hay una pérdida de soberanía muy importante, que puede tener efectos futuros”, opinó.
El pedido de informe
El FA envió un pedido de informe dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el que solicita documentos asociados a la negociación entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, entre ellos, los informes jurídicos de consultores externos e internos relativos a los argumentos presentados por la empresa sobre el posible juicio; explicaciones sobre la posibilidad de que el Estado “sea efectivamente demandado por Katoen Natie” y la “probabilidad de éxito de una demanda de ese tipo”; análisis de los términos del acuerdo al que se arribó con la empresa, “facultades legales para suscribir y asumir los compromisos que contiene” y la “legalidad del otorgamiento de un monopolio privado para la operación con contenedores en el puerto de Montevideo a través de decisiones administrativas”.
Asimismo, la oposición pide al MTOP el informe sobre la intervención del Tribunal de Cuentas “en cuanto a las modificaciones operadas en el contrato de concesión firmado con Terminal Cuenca del Plata SA”; los expedientes administrativos relativos al acuerdo transaccional entre Katoen Natie y el Estado uruguayo; los informes de los abogados mencionados en la primera comparecencia de Heber en el Parlamento y la explicación de si el informe de Durán Martínez “fue presentado en su carácter de Asesor de la Empresa Katoen Natie o el Estado uruguayo”.
También solicitan todos los balances de Terminal Cuenca del Plata desde el año de su creación hasta la fecha, discriminado por año, y el estudio económico donde se hace referencia al monto de 1.500 millones del posible juicio.