La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad dar trámite a la solicitud del Frente Amplio (FA) para analizar la remoción del cargo del diputado colorado Omar Estévez, al amparo del artículo 115 de la Constitución. La oposición presentó la solicitud tras la polémica generada por la viralización de un audio en que Estévez reconoció incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad como empresario. Ahora la comisión –que funciona como asesora de la cámara baja, que será la que tome finalmente una decisión– comenzará a diligenciar pruebas y recabar testimonios.
La bancada de la coalición de gobierno propuso convocar a Estévez a la primera sesión ordinaria de julio para que haga sus descargos y acceder a las conclusiones de los informes en curso del Ministerio de Trabajo y de Salud sobre el tema. A propuesta del FA, también se resolvió invitar al Sindicato Único de Citrícola Salteña y a representantes de la empresa.
El diputado del FA Mariano Tucci saludó la decisión de los legisladores de la coalición, y aunque dijo que la oposición hubiera preferido que el tema se diligencie a partir de la semana que viene, se aceptó por unanimidad la petición de la bancada oficialista para dilatar la comparecencia de Estévez en virtud de la intención de acceder a los informes de los ministerios. Para Tucci, “esta decisión implica que el Parlamento encara con seriedad una situación complicada y que va a tratar de dar las mayores garantías en la comisión para que el diputado que está siendo objeto de una investigación parlamentaria pueda hacer los descargos que correspondan”, así como “los trabajadores y también la empresa”.
Aunque la solicitud del FA toma en cuenta también la posible conjunción de interés público y privado en la que habría incurrido Estévez por haber impulsado el Fondo Citrícola pese a que lidera una empresa del rubro, Tucci dijo a la diaria que “lo central” en el asunto “son los contenidos de los audios”. “Eso es lo más grave, porque es lo que demuestra el poco decoro que ha tenido el diputado en las opiniones que ha vertido; poco decoro que lo hace indigno para ocupar un cargo en el Parlamento nacional”, consideró.
El legislador sostuvo que durante la sesión hubo un “intercambio” con el diputado colorado Ope Pasquet “porque él dice que, en definitiva, Estévez va a venir a la comisión a explicar y documentar que él no quiso decir lo que dijo en los audios, y nosotros planteamos que tenemos que manejarnos con lo que el diputado dijo efectivamente”, afirmó. Asimismo, Tucci opinó que “este tema lo tendría que haber puesto sobre la mesa el propio gobierno a través de su bancada legislativa”, en el entendido de que “es escandaloso que haya un diputado del gobierno nacional que diga que la pandemia es una bobada, cuando en Uruguay se enferman entre 3.000 y 4.000 personas por día y se mueren entre 50 y 70. Esto es absolutamente grave y tiene que tener un desenlace”, aseveró.
Por su parte, Pasquet destacó que la decisión del oficialismo implica “continuar con la instrucción del asunto” y “la reunión de la prueba necesaria para resolver”; mientras tanto, “no se puede afirmar nada con propiedad”, señaló, “porque justamente se está diligenciando la prueba, para decirlo en términos procesales”.
El legislador dijo a la diaria que durante su reunión con la bancada colorada, Estévez argumentó que “ningún trabajador de su empresa estuvo enfermo nunca de covid, que cuando alguno de esos trabajadores tuvieron contacto con gente que sí se había contagiado fueron hisopados inmediatamente y el mismo día que se hisoparon entraron de licencia, o sea que nunca viajaron en un ómnibus con trabajadores sanos”, y agregó que que esto se puede probar porque comunicó las licencias al Banco de Previsión Social “y está todo registrado”. Para Pasquet, “la cosa no es ni lo que dijo ni lo que quiso decir, la cosa es lo que hizo”, y eso “es lo que va a resultar de la prueba”.
En tanto, el diputado nacionalista Mario Colman afirmó que la bancada oficialista no va a “echar a una persona sin antes escucharla”. “El Partido Colorado fue enfático en que una vez teniendo las conclusiones es el propio partido el que va a solicitar su renuncia o su expulsión, en tanto los resultados”, agregó, en diálogo con la diaria. Para el diputado, los legisladores de la comisión no se deben “guiar por la prensa, sino por las pruebas”, dado que la remoción “es la consecuencia más gravosa que puede tener un parlamentario”. “Nosotros tenemos pleno compromiso con el debido proceso y no nos tiembla la mano para tomar cualquier tipo de decisión, una vez que tengamos la conclusión”, aseguró.