Con el objetivo de desmantelar una supuesta red de corrupción, las autoridades judiciales de Costa Rica dispusieron 57 allanamientos que se llevaron adelante este lunes, incluido el de una oficina que funciona en la sede de Presidencia. La Fiscalía aclaró que esa oficina “no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes” sino por asesores, de acuerdo con la agencia de noticias Efe.
También el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fue allanado en el marco de esta investigación, según la cual hubo actos de corrupción en la adjudicación de contratos para infraestructura vial. El titular de ese ministerio, Rodolfo Méndez Mata, dijo a la prensa costarricense que estaba atento a los allanamientos, con “la voluntad de que haya toda la información que se pueda requerir”, pero que desconocía de qué se trataba.
Más tarde, Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, dijo que “un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras, lo que afecta al país”. Informó a periodistas que los allanamientos, que se llevaron a cabo en distintas zonas del país, se dispusieron para detener a 19 funcionarios y 14 empleados de cinco empresas sospechosos de integrar la red de corrupción. Varios de los funcionarios investigados trabajan en el Consejo Nacional de Vialidad.
Espinoza afirmó que, de acuerdo con la investigación que comenzó hace dos años, los involucrados “se habían puesto de acuerdo para beneficiar empresas, generar pagos irregulares y pagos adelantados de facturas”.