El lunes se cumplen dos meses de las protestas que comenzaron el 28 de abril en Colombia, impulsadas por el malestar contra el gobierno y el repudio a la violencia con que fueron reprimidas. A pesar de que el Comité Nacional de Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, anunció que dejaría de convocar a las marchas masivas de los miércoles, las movilizaciones continúan, en particular en ciudades como Cali y Bogotá.
También continúa la represión. En estos dos meses, 43 personas murieron en el marco de las manifestaciones, según los datos de organizaciones no gubernamentales como Temblores, que se volvieron más fiables y exhaustivos que los números oficiales.
Temblores fue creada en 2016 y ya tenía experiencia en registrar la violencia policial, en particular contra las personas más vulnerables o con mayores dificultades para acceder al sistema de justicia, y cuando surgieron las manifestaciones, rápidamente comenzó a trabajar para reportar y denunciar los nuevos casos. Días atrás presentó a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Colombia su informe documentado sobre distintos tipos de uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Policía.
la diaria conversó con uno de los directores de esta organización, Alejandro Lanz, acerca de las movilizaciones, la impunidad, la violencia respaldada con armas que hasta ahora no se habían utilizado contra manifestantes en ningún país de América Latina, y la desconfianza y el miedo que enfrentan las víctimas al momento de denunciar.
Antes de las protestas, Temblores ya registraba la violencia policial.
Comenzamos con ese registro hace algunos años y así construimos un informe de derechos humanos titulado “Bolillo, Dios y Patria” [algo así como Palo, Dios y Patria], donde documentamos que entre 2017 y 2019 la Policía había asesinado a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 y había violentado sexualmente a 102 personas. En este paro en específico, venimos documentando desde el comienzo cómo la Policía ha violentado físicamente a los manifestantes y ha utilizado las armas de letalidad reducida para atentar contra la vida y la integridad. Hemos documentado toda una serie de prácticas en el informe que le entregamos a la CIDH, y las cifras son preocupantes. Son 4.285 hechos de violencia policial en sólo estos dos meses, entre los cuales resaltan los 43 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública. También tenemos registro de 215 víctimas de armas de fuego, 81 víctimas de agresión en los ojos, y en total documentamos 1.468 casos de violencia física.
¿Qué ha cambiado en estos dos meses?
A lo largo de estos últimos días, hemos documentado cómo en las noches la rabia de la juventud contra la Policía se ha incrementado y se ha tornado un poco más violenta, y la represión contra estas movilizaciones nocturnas ha sido igualmente muy represiva y muy violenta, sin ningún tipo de proporcionalidad, faltando a todos los principios policiales. Hemos visto con preocupación que cada día tenemos que documentar nuevas prácticas. Teníamos nueve grandes prácticas en el informe, pero hay una serie de comportamientos en los que la Policía ha sido vista trabajando con grupos armados al margen de la ley en la represión contra los manifestantes. Hemos visto cómo el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] ha disparado gases lacrimógenos al interior de viviendas que están haciendo cacerolazos, por ejemplo. La gente se está manifestando desde sus casas y el Esmad le dispara al interior de las viviendas. Hemos visto también cortes de luz asociados a puntos críticos donde ha habido violencia, o los ataques y daños a ollas comunitarias. Tenemos reportes en los que policías del Esmad insertan en las ollas comunitarias veneno o algún tipo de sustancia, para dañar el proceso comunitario.
¿Atacan las ollas comunitarias?
Eso comenzó a pasar hace una semana y media. Las ollas comunitarias son lugares donde la gente prepara comida, en el espacio público, para las personas que están protestando, y hemos tenido dos reportes de que la Policía deposita una sustancia en una de estas ollas, no tenemos todavía conocimiento de qué tipo de sustancia depositó, pero sí echa algo. El policía fue grabado, y es una práctica que busca atacar también todo el proceso de la olla comunitaria. Hemos visto también –creo que el martes– que tumbaron una olla que se estaba preparando.
¿Cómo es el proceso de verificar las denuncias que reciben?
Nosotros tenemos desde hace ya casi tres años una plataforma que se llama Grita, que nos permite captar una gran cantidad de datos de personas que han sido víctimas de la violencia. La persona puede clasificar su identidad de género, orientación sexual, edad, estrato socioeconómico, y toda una serie de categorías sociodemográficas y de vulnerabilidad de la víctima, y es en esa plataforma donde ingresan la gran mayoría de los casos. Después nosotros hacemos una llamada de verificación de esa información, y procedemos a hacer un registro en una base de datos. Esto después tiene todo un ejercicio de depuración, en el que eliminamos los dobles registros, porque muchos de los casos nos llegan por varios canales. También tenemos la plataforma Policarpa, en la que atendemos judicialmente a las víctimas para acompañarlas en su proceso de denuncia ante la administración de la justicia. Además, nos llega mucha información por nuestra línea telefónica de Whatsapp, y ahí nos llega una gran cantidad de fotografías y videos que documentan la violencia. Toda esa información, en una labor titánica, la ponemos en una misma base de datos, y procedemos a verificar la información con el testigo o con la víctima.
¿Las personas que sufrieron violencia les transmiten en algún momento su miedo a presentar una denuncia ante la Fiscalía o ante la propia Policía a la que están denunciando?
Sí, hemos visto con gran preocupación que el incremento de la desconfianza en las instituciones del Estado ha generado que muchas de las personas dejen de denunciar ante la Fiscalía, que es la autoridad que investiga penalmente los hechos, o ante la Policía misma y la Procuraduría, que son las que investigan disciplinariamente a los funcionarios policiales. Esto se debe a que hay un descontento muy grande y también poca independencia tanto de la Fiscalía como de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con respecto al gobierno nacional, el Ejecutivo. Hemos intentado, pese a todo esto, convencer a las víctimas de que formalicen sus denuncias frente a las autoridades competentes. Hacemos unas advertencias muy claras sobre la emocionalidad que implica sumergirse en un proceso penal contra la fuerza pública en Colombia. El nivel de impunidad que hemos documentado en “Bolillo, Dios y Patria”, por ejemplo, indica que solamente 0,66% de los casos terminan en una condena, una cifra absurdamente baja [que evidencia] un nivel de impunidad bastante alto. En ese sentido somos muy transparentes sobre lo que enfrentan las víctimas ante el sistema judicial cuando denuncian a la Policía, pero también intentamos formalizar estas denuncias y por medio de Policarpa, que es nuestra clínica de justicia ambulante, hacemos este ejercicio. Algo que sucedió, que notamos con especial preocupación, es que cuando la gente se enteró de que la CIDH venía al país, muchas de las denuncias que nosotros ya teníamos por radicar, de casos que estábamos atendiendo, desistieron de radicarlas en la Fiscalía y prefirieron solamente hacer el puente con la CIDH. Esto se debe a que hay un temor muy grande, no solamente por las represalias que puede haber por parte de la Policía al momento de denunciar, sino porque hay una desconfianza profunda en las instituciones.
¿Qué información le brindaron a la CIDH?
Entregamos un informe que documenta nueve prácticas de violencia policial, cuántos casos hay asociados a cada práctica, y una descripción cualitativa de tres casos por cada una de esas prácticas. Además, entregamos tres bases de datos: la de violencia homicida, la de violencia sexual y la de lesiones oculares.
¿Podrías resumir esas nueve prácticas?
Reportamos el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de manifestantes por parte de la fuerza pública. Uno es el de los disparos de armas de fuego directamente contra los manifestantes, que nos ha dejado un alto saldo: al corte del informe eran 20 las personas que murieron víctimas de armas de fuego. La segunda práctica es el uso de armamentos de aparente letalidad reducida, que al ser utilizados directamente contra el pecho o la cabeza de los manifestantes, para dispersar protestas pacíficas, han generado un alto nivel de letalidad y de daños a la integridad física. Esto incluye disparos de perdigones, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma. Estos disparos, al ser horizontales y no parabólicos, y al dispararse a un metraje ilegal e indebido, han generado unas heridas muy graves en los manifestantes, algunos de los cuales han perdido la vida. Después están los disparos horizontales con arma Venom, que es esta arma de largo alcance y de poca precisión, que en Colombia se ha utilizado en lugares residenciales y contra manifestantes. Son armas que no tienen ningún tipo de control, y que en toda América Latina no habíamos visto que se utilizaran en protestas. Sólo hay reportes en Colombia. Vimos que muchas veces han alcanzado los cuerpos de manifestantes y viviendas. [Se trata de un dispositivo eléctrico que ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional, que sirve para disparar múltiples o sucesivas granadas de estruendo, de humo o de gases irritantes a una distancia de hasta 200 metros]. En la cuarta parte del informe, sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras al interior de viviendas en barrios residenciales, hemos visto cómo dos personas mayores murieron asfixiadas por cuenta de esta práctica. Por otra parte, está la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales. Esto abarca el ocultamiento de las placas de policía para evitar futuras judicializaciones, o que las personas son retenidas y llevadas a lugares de tal modo que sus familiares o abogados no pueden saber dónde están. Es todo un proceso de ocultamiento de la práctica y acción policial. También está la imposición de requisitos y medidas paralegales a personas retenidas arbitrariamente por parte de la Policía a cambio de la libertad: te obligan a firmar un documento en el que tú aseguras que te han tratado bien, para utilizarlo después en los procesos. Y están también la violencia sexual y basada en género hacia manifestantes, la generación de traumas oculares, que no habíamos visto antes con tanta intensidad, y todo el proceso de desaparición forzada de manifestantes.
¿Se ha localizado a las personas desaparecidas?
Hemos visto que la gente sale a denunciar porque las retenciones arbitrarias impiden que las personas se comuniquen con sus familias y que las familias sepan adónde trasladan a la gente. Nosotros hicimos una plataforma especial para esto que se llama BIDA –Búsqueda de Identidades Desaparecidas– y hasta la fecha hemos recibido 40 reportes de los cuales ya 37 aparecieron; muchos de ellos fueron víctimas de violencia policial. Sólo hay tres registros de personas que simplemente no aparecieron porque estaban en la movilización y no avisaron a sus familias, y además dos que serían denuncias falsas, pero las 37 restantes vivieron episodios de violencia por parte del Esmad o de la Policía, y hay tres casos que nos preocupan muchísimo de personas que están desaparecidas desde hace más de siete días. La Defensoría del Pueblo tiene al día de hoy 77 mecanismos activos de personas desaparecidas.