El Frente Amplio (FA) resolvió promover una interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por el acuerdo que realizó el gobierno con la firma multinacional de origen belga Katoen Natie, que entre otros aspectos extiende la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo por 50 años más, hasta 2081. Según confirmaron fuentes políticas, la decisión “formal” se tomará el lunes en la reunión de bancada, y el pedido de interpelación se presentará “inmediatamente después” de la comparecencia de los ministros Daniel Salinas (Salud Pública) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) prevista para el 6 de julio.
El acuerdo que negoció desde que asumió en marzo de 2020 el gobierno con la firma belga viene generando polémica y ha suscitado diversas críticas en las últimas semanas. La oposición encabezó los cuestionamientos, al igual que la empresa Montecon ‒competidora de Katoen Natie y que vería afectada su actividad‒, pero también se han pronunciado sobre los riesgos del acuerdo compañías que operan en el puerto y el sindicato. A su vez, el catedrático constitucionalista Ruben Correa Freitas, expolítico colorado, indicó que es ilegal lo firmado por el gobierno porque consagra un monopolio en el puerto.
En el plano político, Cabildo Abierto (CA) ha expresado sus dudas sobre el resultado de la negociación, y el Partido Colorado (PC), si bien respaldó lo actuado por el gobierno, propone una nueva ley para regular los servicios dentro del puerto.
“El proceso para el acuerdo distó de ser transparente, y en la medida en que se le otorga un monopolio por 60 años a una empresa privada para el tratamiento de contenedores en el puerto, hay dudas sobre la constitucionalidad, porque para generar un monopolio no se puede hacer por la vía administrativa [como se hizo, vía decretos], sino que debe ser por ley y con mayorías especiales. Es una ilegalidad, que violenta la ley de puertos, la ley de creación de Terminal Cuenca del Plata [TCP, en la subasta de la terminal hecha en 2001] y la ley de defensa de la competencia”, comentó a la diaria el senador del FA Mario Bergara.
El integrante de la Comisión de Transporte del Senado, que convocó a las autoridades del gobierno para tener detalles sobre las negociaciones, sostuvo que “no se presentó la suficiente fundamentación jurídica para entender que la amenaza de Katoen Natie” de un juicio internacional, motivo por el que se iniciaron las conversaciones, “tuviera un fundamento sólido; nosotros pensamos que no es así”.
Ese reclamo de la firma belga fue expuesto en sendas cartas que envió al Ejecutivo en los meses de campaña electoral y transición entre gobiernos, pero venía siendo explicitado públicamente en los últimos años, cuando Katoen Natie protagonizó un cruce con la Administración Nacional de Puertos (ANP) y su competidora Montecon, que opera en los muelles públicos. La visión de la firma multinacional belga es que fue perjudicada por la aplicación de la normativa en los períodos de gobierno del FA, ya que creció la actividad de Montecon y disminuyó la cantidad de contenedores que pasan por la terminal especializada.
La cuestión de fondo, que quedó plasmada en dos decretos del gobierno en abril y en las condiciones del nuevo acuerdo, es que la concesión de TCP ‒firma propiedad 80% de Katoen Natie y 20% del Estado uruguayo‒ tiene la prioridad para el despacho de buques portacontenedores. Esto va en detrimento de Montecon y la actividad en las zonas públicas del puerto; la empresa ya recurrió ambos decretos y planteó la posibilidad de iniciar una demanda internacional.
En este contexto se concretará la interpelación a Falero, que no fue quien encabezó las negociaciones por parte del gobierno, sino que fue su antecesor en el cargo de ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. “Por una cuestión de relacionamiento institucional nosotros debemos convocar al titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas” y se aspira a que concurra acompañado de las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), señaló el senador del FA.
Por otra parte, Bergara aseguró que la “generación de un monopolio en el puerto va a perturbar los costos del comercio exterior”, y cuestionó la necesidad de emprender obras de ampliación en el puerto, como se comprometió Katoen Natie ‒460 millones para la construcción de una segunda playa de contenedores‒, ya que hoy en día hay “más de 50% de capacidad ociosa”. Agregó que en las condiciones del acuerdo, el Estado “limita su capacidad regulatoria” y brinda concesiones “sin fundamento” a la firma belga.
“De las tres justificaciones que da el gobierno, ni la de evitar el juicio millonario ni la inversión ni la baja de tarifas parecen razones suficientes para fundamentar semejante decisión de otorgar 50 años de prórroga y la concreción de un monopolio privado en el puerto”, subrayó Bergara, y complementó que desde el FA observan que el acuerdo tiene “ilegalidades, posibles inconstitucionalidades, y enormes inconvenientes para el país”. “La necesidad de que haya respuestas al Parlamento es imperiosa”, remató.