El represor José Nino Gavazzo murió tras un accidente cerebrovascular. Estaba en prisión domiciliaria y fue trasladado al Hospital Militar, donde falleció según informaron fuentes del Ministerio del Interior.
Gavazzo, nacido en 1939, ingresó al Ejército en el 56, en el arma de Artillería. Integró el Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército.
Durante la dictadura actuó en la División del Ejército I en 1973. Más tarde integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En 1975 fue segundo jefe del Departamento del Servicio de Información y Defensa (SID), que desarrollaba las operaciones de inteligencia y de represión contra opositores, y en 1976 pasó a ser jefe. Junto a otros militares, ejecutó las acciones de represión definidas en el marco del Plan Cóndor; entre ellas, fue responsable del secuestro de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, en Buenos Aires.
En 1995 fue procesado por extorsión en una causa asociada a la falsificación de dinero. Fue responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad: secuestros, desapariciones, torturas y homicidios. Fue juzgado en Uruguay y en el extranjero.
Por sus delitos de lesa humanidad, siempre estuvo en cárceles asociadas a los privilegios militares. En 2006 ingresó a la Unidad 8 Domingo Arena. En 2013 fue trasladado a un sector especial dentro del Hospital Militar. El 24 de diciembre de 2015 el juez de ejecución Martín Gesto Ramos le dio prisión domiciliaria, régimen en el que permaneció hasta su muerte.
Fue condenado por más de 30 delitos de homicidio muy especialmente agravados cometidos durante la dictadura. 28 de ellos, en reiteración real, se asocian a las investigaciones del segundo vuelo del Plan Cóndor. A estas causas se suman la de María Claudia García de Gelman, la de Roberto Gomensoro y la de Julio Castro.
Continúan las investigaciones de otras causas, entre ellas la de las Muchachas de Abril. Fiscalía pidió su procesamiento por los homicidios de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, que estaba embarazada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos trabaja en la sentencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado argentino en el secuestro de los hermanos Victoria y Anatole Julien. Se esperaba la resolución de este caso para fines de este año.
En silencio y con privilegios militares intactos, murió la cara de la última dictadura uruguaya.
A los homicidios se suma su responsabilidad en el saldo que dejó la dictadura: 197 desaparecidos.