La máxima autoridad electoral de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, tomó el viernes una decisión que generó un fuerte rechazo y que finalmente tuvo que revertir. La prensa informó que ese tribunal amplió por 48 horas el plazo, vencido el miércoles, para presentar pedidos de anulación de votos emitidos en la segunda vuelta presidencial del domingo.
El cambio en las reglas de juego se conoció cuando se había procesado 100% de las actas y contabilizado 99,59% de los votos, con una ventaja irreversible a favor del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
Según el medio IDL-Reporteros, el partido de Fujimori intentaba “hacer valer más de 590 pedidos de nulidad presentados fuera de plazo”. En total, Fuerza Popular reclamó que se anulen 741 mesas de votación, mientras que Perú Libre presentó 30 solicitudes de nulidad.
Integrantes del equipo de campaña de Castillo, incluida su compañera de fórmula, Dina Boluarte, denunciaron el viernes en una conferencia de prensa que la decisión de las autoridades electorales implicaba “una amenaza de golpe de Estado”. A su vez, Castillo manifestó que “de ser cierto” que el tribunal amplió el plazo, “estaría violentando el orden electoral”. Finalmente, según informó el diario peruano La República, las autoridades electorales dejaron sin efecto esa decisión.
También dirigentes de pueblos originarios peruanos habían pedido públicamente que se respetara su voto, porque los pedidos de anulación de Fujimori comprenden unos 200.000 votos en circuitos de mayoría indígena en los que el candidato de Perú Libre ganó por una mayoría abrumadora. “Rechazamos las calumnias y la discriminación étnica ejercida por la candidata de Fuerza Popular en contra de las personas de diferentes pueblos originarios”, dijo Hugo Jilaja, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras.
A estas tensiones se agregó el pedido urgente de la Fiscalía de la Nación al Ministerio del Interior de que disponga medidas de seguridad para proteger al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez debido a que sufrió amenazas por su pedido de que se revoque la libertad condicional de Fujimori. De acuerdo con Pérez, Fujimori rompió normas de conducta como la prohibición de contactarse con testigos del caso en el que se la acusa de lavado de dinero y financiación irregular de campañas.