En las últimas semanas el rojo del mapa de Uruguay ha cedido: los departamentos pincelados en naranja están en aumento, e incluso algunos llegaron a ostentar el amarillo, como es el caso de Rivera, que el miércoles bajó un escalón en el nivel de riesgo del índice de Harvard. Aunque los números vinculados con el coronavirus parecen haber dado un breve respiro, la situación sanitaria está lejos de estar controlada, y todavía resta paliar las secuelas de haber encabezado los rankings con las peores cifras en casos nuevos y muertes por día en el mundo. Las miradas sobre la gestión de la pandemia están en tensión, y el martes el Frente Amplio (FA) promoverá una interpelación al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
“Para nosotros no es una situación alentadora. La tendencia a la baja la reconocemos y esperamos que ojalá continúe, pero no podemos pensar en ninguna situación de absoluto optimismo cuando hay 1.000 casos diarios y la zona de control, según el Grupo de Asesores Científico Honorarios (GACH), se define en 200 casos diarios”, apunta el miembro interpelante Daniel Olesker, en diálogo con la diaria. El senador frenteamplista señaló que entre marzo y junio hubo 89% de fallecimientos por coronavirus en relación con el total de muertes acumuladas por esta enfermedad, del orden de las 5.000 personas. “Que la situación mejore no significa que no haya habido un proceso trágico en el país”, subrayó.
Más allá de la coyuntura actual, lo que mueve a la oposición a interpelar a los ministros son las razones de fondo del manejo de la emergencia sanitaria. Para la oposición, el escenario actual sería otro si el gobierno hubiera tomado medidas de restricción de la movilidad y dispuesto más gasto para subsanar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El senador frenteamplista Mario Bergara evaluó que hasta noviembre la gestión sanitaria del gobierno fue “razonable”, porque entre otras cosas incluyó medidas más drásticas de disminución de la movilidad, pero después de ese mes, y a medida que la pandemia fue recrudeciendo, el gobierno “no reaccionó” de acuerdo a lo que sugirieron el GACH y las sociedades médicas. En cambio, agregó, el Poder Ejecutivo se aferró a la estrategia de “minimizar los recursos” y la “mal llamada ‘libertad responsable’”.
Para Bergara, hubo casos evitables y, por lo tanto, muertes evitables. “Ese foco de la interpelación se mantiene intacto porque llegamos hasta el punto de hoy con un costo enorme de sanidad y muertes”.
Dos caras de una misma moneda
Tras el fin del trabajo conjunto con la coalición en la comisión de seguimiento del coronavirus en el Senado, el FA resolvió realizar la interpelación a ambos ministros. Olesker sostuvo que la decisión no responde a un cambio de estrategia por parte del FA, sino a un “agotamiento” de las vías de acuerdo. “¿Qué implica la interpelación? Es una discusión política, una búsqueda de responsabilidades, en este caso de quienes tienen la conducción sanitaria del país”, señaló Olesker.
El senador de la oposición entiende que la interpelación, lejos de haber perdido vigencia, es necesaria para evaluar lo que se hizo, pero también para advertir sobre la situación que deberá enfrentar el país a futuro. “No nos podemos acostumbrar a hablar de una buena situación cuando todavía resta mucho por hacer y un invierno por venir. Más allá de eso, hay un proceso de 15 meses que tuvo en términos sanitarios resultados altamente negativos. A esto hay que sumarle secuelas futuras, ni hablar de la economía, donde, lejos de mejorar, el consumo interno sigue cayendo, al igual que el empleo”. El senador sostuvo que en la Rendición de Cuentas no parece haber ninguna intención de cambiar las políticas. A su entender, “no hay nada que indique que el cuestionamiento de estrategia sanitaria, en sus dos vertientes, salud y economía, pierda vigencia”.
El foco de la interpelación estará puesto tanto en la situación sanitaria como económica. A principios de junio, el presidente Luis Lacalle Pou negó que el gobierno planteara una dicotomía entre salud y economía. “Estamos hablando de tipos que tienen que llevar para comer a la casa. El asalariado, el jornalero, ese es el que me cruza por la calle y me dice: ‘Gracias por no matarme de hambre’, que es lo que hubiera pasado si hacíamos cuarentena obligatoria”, dijo el mandatario en una entrevista con Subrayado.
A Olesker le parece un error pensar que en una emergencia sanitaria la salud y la económica de alguna manera se oponen. “Se quiso imponer la idea de que salud y economía eran contradictorias, que se tenía que optar por una o por otra, pero hay que trabajar en ambas a la vez”, dijo. “Uruguay decidió no tomar medidas porque supuestamente afectaban la economía y, comparado con países que tomaron medidas más drásticas, como Chile, por ejemplo, la caída fue igual”, apuntó.
Olesker señaló que el gobierno no tomó medidas de reducción para que la caída de la economía fuera menor, pero estimó una caída de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado y terminó cayendo 5,9%. “O sea, no sirvió para nada lo que se hizo, al revés, provocó pobreza y desempleo. Entonces, promovemos una interpelación simultánea porque tiene que ver con la estrategia sanitaria, que tiene un pilar económico y uno en la salud”.
Ultraliberal, más que liberal
Las diferencias de enfoque de la gestión de la pandemia con el gobierno son ideológicas, señaló Bergara: “El gobierno continúa en su afán de priorizar el ajuste fiscal como si no hubiera pandemia y ha hecho lo que no hace ningún otro país en el mundo”. Por ejemplo, considera que para que la economía no cayera casi 6% el año pasado se podría haber adelantado la inversión pública, que es un factor de reactivación económica.
Pero, a su juicio, el Ejecutivo “no entiende lo que la economía aprendió hace casi un siglo: en momentos de crisis el rol fundamental lo tiene el Estado y tiene que volcar recursos”. Esta es la gran diferencia de enfoque con el FA: “El gobierno hace ajuste fiscal porque en lo ideológico entiende que el Estado es un lastre, una carga para el sector privado, para los ‘malla oro’, pero esa visión es equivocada, nunca se verificó en la historia de la humanidad”, apunta.
A la larga, agregó Bergara, es mucho más costoso por el impacto que tiene en la capacidad productiva y en las condiciones de vida de la sociedad. “Por lo tanto, tenemos dos diferencias; la ideología, en cuanto a concebir el rol de Estado, y la de la postura sobre la política económica. Ellos no entienden que hay un gasto transitorio que es fundamental para después tener que gastar menos en recuperar un aparato productivo y el entramado social”.
En la misma línea, Olesker sostuvo que el gobierno entiende que la inversión privada “sola acompaña y no cree ideológicamente en las políticas de inversión pública. Hay países que no creen en esto, pero entienden que en una crisis hay que tomar algunas medidas para contrarrestar los efectos, aunque cuando vuelva la normalidad el Estado vuelva a retraerse. Acá hay una ideología ultraliberal, más que liberal”.