Tres informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) revelan que durante 2020 se incumplieron las cuotas de puestos de trabajo en el Estado que deben otorgarse a personas con discapacidad, trans o afrodescendientes. En referencia a las primeras, la legislación establece la reserva de 4% mínimo de las vacantes generadas en el año, pero fue 0,4% en el total de organismos obligados en 2020.
A su vez, la ley integral para personas trans obliga a destinar 1% de los puestos de trabajo a ser llenados, pero el año pasado fueron 0,016% de los ingresos. Además, los organismos públicos están obligados a otorgar 8% de los puestos de trabajo a personas afrodescendientes, pero esta población representó 0,69% de quienes comenzaron a trabajar en el Estado.
En los informes de la ONSC se menciona que el Decreto 90/020, del 11 de marzo de 2020, que emitió el gobierno a pocos días de asumir, limitó en un tercio la ocupación de las vacantes generadas, lo que impacta en los números.
El año pasado fueron 23 las personas con discapacidad que ingresaron a la función pública. “Alcanzar 4% de las vacantes generadas para dar cumplimiento al cupo establecido por ley hubiese representado 244 ingresos de personas con discapacidad”, señaló el informe. Fueron siete los organismos que cumplieron con el mínimo de 4% de los ingresos: el Banco de Previsión Social, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Agencia Nacional de Vivienda, las intendencias de Colonia y de Durazno, las juntas departamentales de Maldonado y San José. De las personas con discapacidad ingresadas, “77% accedió al cargo por concurso y 33% por designación directa”, mientras que “65,2% ingresó para cumplir tareas en puestos administrativos”.
Por otro lado, en 2020 sólo ingresaron tres personas trans a trabajar en el Estado. Dos ingresaron con un vínculo zafral a OSE y una fue contratada por el LATU. El informe destaca que, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo ingresaron 4.758 personas, por lo tanto debieron ingresar 48 personas trans, pero no entró ninguna. En los gobiernos departamentales ingresaron 2.964 nuevos trabajadores y 30 debieron ser personas trans, pero la cifra también fue nula.
El informe referido a las personas afrodescendientes que ingresaron al Estado –la normativa establece para esta población la reserva de 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año– muestra que durante 2020 hubo 133 nuevos funcionarios (63 hombres y 70 mujeres), “lo que representa 0,69% de los ingresos”. “Si se consideran los organismos donde debió producirse el ingreso de personas afrodescendientes, 12,5% de los organismos cumplió con la cuota, 7% tuvo ingreso de personas afrodescendientes y no alcanzó a cumplir con la cuota; y los organismos que tuvieron ingresos de personal pero no ingresó ninguna persona afrodescendiente fueron 73,4%”, añade el informe de la ONSC.
Los informes fueron publicados el viernes por la ONSC en su sitio web. El lunes, la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez presentó pedidos de informes con destino a Servicio Civil “para conocer datos sobre cumplimientos” de las cuotas, según informó en Twitter.